A partir del 17 de febrero, San Luis comenzará a aplicar un ‘narcotest’ a empleados de los tres poderes del Estado, una serie de exámenes toxicológicos contemplados en la Ley de Ejemplaridad y Coherencia, que alcanzó, incluso, al gobernador Claudio Poggi.
Dicha ley se aprobó en noviembre del 2024 y será practicada a los 1500 funcionarios que forman parte del estado provincial. Cada uno tendrá un número y deberá estar atento a la Lotería local. En una primera tanda saldrán sorteados 100. El muestreo será realizado por la Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia de la Universidad Nacional de San Luis.
Los sorteos continuarán en las semanas venideras, donde también irán de 100 en 100 hasta que todos los funcionarios se realicen los análisis. El procedimiento consiste en una toma de orina. Incluso, la normativa establece que hasta el propio gobernador debe realizarlo. Tanto Poggi como su vicegobernador, Ricardo Endeiza, cumplieron con el trámite semanas atrás de manera voluntaria.
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La reglamentación determina que los test serán de carácter obligatorio y se realizarán de manera anual y aleatoria con el objetivo de garantizar la transparencia en la selección de los funcionarios.
Secuestran drogas de diseño y reactivos para la detección del fentanilo
En caso de que se detecte la presencia de sustancias ilegales, las autoridades correspondientes deberán aplicar medidas de contención y asistencia que incluyen licencias, la suspensión temporal de funciones, o incluso el cese en el cargo, dependiendo del caso y conforme a la legislación vigente y la Constitución provincial.
Quiénes son los funcionarios que serán sometidos al ‘narcotest’
Dentro de la ley que el Poder Legislativo puntano votó en noviembre se encuentran englobados, además del gobernador y su vice, integrantes del gabinete, secretarios de Estado, directores, jefes de áreas y funcionarios de entes que funcionan de manera descentralizada.
A la lista también se suman senadores y diputados, además de integrantes del Poder Judicial como jueces del Superior Tribunal de Justicia, jueces de primera instancia, camaristas y fiscales.
Según informaron desde el Gobierno local, en el examen se buscarán rastros de cocaína, marihuana, anfetaminas y otras drogas. Además, cada funcionario deberá asumir los costos, un valor que se estima en $40.000.
El gobernador Martín Llaryora se realizó el narcotest
El secretario de Ética Pública y Control de Gestión, Ricardo Bazla, detalló que cada funcionario está representado por un número. El mismo será entregado al organismo encargado de la Lotería de San Luis, la Caja Social y Financiera.
El lunes 17 se sorteará a los primeros 100 funcionarios, que recibirán por WhatsApp y correo la notificación en caso de que salga el número. Todo será con la presencia de un escribano para certificar el hecho. Luego, tendrán 24 horas para presentarse.
Al respecto, Bazla sostuvo: «Quien se oponga o no asista a la segunda notificación cesará en sus funciones si pertenece al Ejecutivo. En el caso del Judicial y del Legislativo, será pasible de juicio político o jurado de enjuiciamiento».
Gi