Luego de haber cerrado su primer año al frente de Diputados con una reducción en la planta del personal en 900 personas, Martín Menem volvió a encender la motosierra y abrió un plan de retiros voluntarios para empleados que se encuentran próximos a la edad jubilatoria. De esta manera, el riojano busca profundizar el ajuste en la Cámara baja en sintonía con el plan de achicamiento del Estado que viene llevando adelante Javier Milei junto al ministro de Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger.
Amparándose en la Ley Bases que declaró la emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética, Menem lanzó el Régimen de Retiro Previo a la Jubilación para el personal legislativo, que lo presenta como «una alternativa que facilite su transición hacia la jubilación», pero también con mirás a un objetivo de «modernización y eficiencia» de la Cámara.
Al programa podrán adherirse aquellos empleados que le falten hasta 5 años para alcanzar la edad jubilatoria, 65 años para los hombres y 60 para las mujeres, y tengan los años de aportes para iniciar el trámite. De acuerdo a lo establecido en la resolución 0053/25 del 29 de enero, Menem fijó un cupo de 400 vacantes para ingresar al régimen. El proceso de inscripción se inició el lunes pasado y estará abierto por 60 días.
La medida no sólo es para el personal de la planta permanente sino también para los transitorios. Sobre este punto, la resolución precisa que se trata de aquellos empleados que están afectados a alguna de las estructuras orgánicas estables como las comisiones, pero no incluye a aquellos que responden a los bloques políticos, que en realidad deberían haberse retirado al concluir el mandato del legislador pero en ocasiones continúan trabajando en el Congreso. Además se exige tener una antigüedad mayor a los 2 años.
Quedan excluidos aquellos empleados que están bajo un sumario administrativo como aquellos que tienen ausencias injustificadas. Tampoco podrán adherir quienes hayan iniciado reclamos administrativos o demandas judiciales contra la Cámara.
Con la intención de sumar adherentes al plan, Menem incluyó el otorgamiento de un incentivo que consiste en una suma no remunerativa, que representa el haber bruto mensual más un adicional de un 10 % por ciento por un plazo máximo de 60 meses. En tanto, la Cámara se ahorrará el pago de adicionales, horas extras y hasta aguinaldo, pero el incentivo será actualizado a partir de los acuerdos paritarios.
Además, el empleado que adhiera al retiro recibirá por un plazo máximo de un año una compensación por la diferencia entre la jubilación percibida y el incentivo de retiro.
Como parte del acuerdo, el personal que quiera ingresar al programa deberá presentar su renuncia al puesto de trabajo, que obviamente quedará atada a la aprobación del beneficio, y se deja aclarado que desiste de futuros reclamos administrativos o judiciales. Además estará imposibilitado a ser contratado dentro de la estructura del Poder Legislativo durante el plazo de 5 años.
El gremio, a favor
Desde la Asociación del Personal Legislativo (APL), el gremio que concentra a la mayoría de los empleados del Congreso, explicaron que el espíritu del programa surge de una resolución de 2017. En este sentido precisaron que fue acordado entre las partes y relativizaron la posible pérdida de puestos de trabajo.
«No se trata de una medida compulsiva y nos da la posibilidad de irnos voluntariamente con beneficios para los trabajadores», sintetizaron desde el sindicato que conduce Norberto Di Próspero.
La propuesta generó entusiasmo entre los empleados del Congreso porque si bien en el acuerdo se otorga un 10 % más del haber bruto, lo cierto es que los sueldos quedaron casi congelados y el último acuerdo paritario quedó debajo de la tasa de inflación. Además es una forma de asegurarse de que no cambiarán las reglas de jubilación ante un posible cambio de edad jubilatoria.
Al fines del año pasado, Menem reveló que el ajuste que aplicó en Diputados le permitió finalizar con un saldo favorable de 7.000 millones de pesos del presupuesto que fueron devueltos al Ministerio de Economía.