La ‘Operación Índalo’ comenzó en el año 2007 con el objetivo de fortalecer la frontera sur de España y combatir la inmigración irregular que llegaba a las costas andaluzas, controlando así los flujos migratorios del Estrecho y del Mar de Alborán (desde Algeciras hasta Murcia y luego se extendió hasta Baleares). La operación se realizaba unos meses al año, hasta que en 2018 se convirtió en anual. Ese año, la actividad de esa vía batió un récord de llegadas con más de 56.000 personas. ‘Índalo’ está coordinada por la agencia europea de fronteras Frontex, que cada año debe negociar con Guardia Civil y Policía Nacional el plan operativo del dispositivo que se debe desplegar.
Pero este año, estas negociaciones están encalladas. Según la información a la que ha tenido acceso Infobae España, Frontex reprocha al Gobierno de Pedro Sánchez (y, en concreto, al Ministerio del Interior) que ese retraso en cerrar el plan operativo (llamado OPLAN) ha conllevado que la operación ya no puede iniciarse el 22 de enero, como estaba previsto. Frontex pide diligencia a Interior para que se cierre el acuerdo antes de ese día. Si es así, la operación podría comenzar el 22 de abril. Si no hay acuerdo, los medios aéreos, navales y humanos que reserva Frontex para España se destinarán a otra parte de Europa, como Bulgaria, Rumanía y Moldavia.
¿Pero por qué no se cierra ese plan operativo? Frontex suele hacer un análisis de riesgo de la zona que quiere vigilar e informa al país correspondiente (España) de los medios que puede aportar. Se establece entonces una reunión bilateral entre España y Frontex, en el que el primero suele hacer su contrapropuesta. Finalmente, se llega a un acuerdo que se plasma en un plan operativo. Este 2025, por ejemplo, está previsto que Frontex aporte dos aviones y un barco, y 37 intérpretes para ayudar a los agentes españoles que entrevistan a los migrantes que llegan irregularmente a España. “Están en juego un total de casi 66 millones de euros en ayudas para España”, explican fuentes de Frontex.
Otras fuentes presentes en la negociación señalan que siempre suele haber “desavenencias” entre Guardia Civil y Policía Nacional, ambos cuerpos presentes en la operación y muy reacios a compartir información. Lo que está retrasando el acuerdo. “Pero finalmente siempre se alcanza. Este año 2024 se retrasó hasta marzo, pero al final se puso en marcha”. Este diario se ha puesto en contacto con Interior para conocer su versión. Un portavoz del Ministerio quita hierro al asunto y asegura que estamos en el escenario de “una negociación habitual que se repite todos los años. En este 2025, el plazo para la firma termina el 22 de enero, y aún estamos en los plazos previstos”. Hay que destacar que esta operación no solo sirve para combatir la inmigración irregular, sino también para luchar contra el tráfico de drogas. “Lo que estamos detectando en los últimos años es que los narcos usan ahora sus potentes lanchas para transportar migrantes desde Marruecos y Argelia a las costas andaluzas”, explican desde Frontex.
Cuando llega una patera a la costa andaluza, la Policía Nacional (con intérpretes de Frontex) entrevista a sus ocupantes para conocer sus datos personales: edad, de qué país proceden, la ruta que han seguido y, sobre todo, quiénes les han traído. Toda esta información es clave para conocer los flujos migratorios y conocer cómo funcionan las redes que trafican con personas. El plan operativo que se negocia cada año establece quién debe tener el control de esos datos y qué uso se hace de ellos.
Y es que la información es poder. “Siempre hay problemas sobre quién debe controlar y tener acceso a esos datos”, señalan desde Frontex. “Y muchas veces esos problemas son internos entre los diversos cuerpos policiales españoles”.
Los últimos datos de 2024 revelan que el año pasado llegaron a España 63.970 migrantes a nuestro país por vía marítima, un 12% más que en 2023. De todos, ellos, 14.431 llegaron por vía marítima a la península y Baleares, un 6% menos.
Estos retrasos en las negociaciones, señalan, tienen su relevancia a la hora de que España pueda ocupar cargos de responsabilidad dentro de Frontex. Lejos quedan ya los tiempos en los que un español, Gil Arias, era el director ejecutivo entre 2006 y 2016. Ahora ningún español ocupa cargos de responsabilidad importante. España, de hecho, acaba de perder la carrera para que un cargo del CNI ocupara la División de Inteligencia de Frontex, que ha ido a parar a manos del italiano Stefano Failla. España se ha tenido que conformar con que Cristina San Agapito, que procede del Banco Central Europeo, pase a ser responsable de la División de Estrategia, Gobernanza y Relaciones Exteriores.