Del retiro de placas al desguace de Espacios de Memoria
Por: Abril Ledesma
En silencio y sin explicaciones oficiales, en la Corte Suprema de Justicia se retiraron las placas que señalizaban el “Salón de los Derechos Humanos” en el Palacio de Tribunales, lugar donde se llevó a cabo el histórico Juicio a las Juntas en 1985. El gesto, simbólico pero cargado de significados, se enmarca en una ofensiva integral del gobierno de Javier Milei contra los derechos humanos.
Las placas, instaladas para recordar uno de los momentos más significativos de la democracia argentina, representaban el compromiso con la memoria, la verdad y la justicia. Su remoción fue denunciada por organismos de derechos humanos como un ataque a los pilares democráticos y un intento de borrar la historia.
❗️Denuncian que en la Corte Suprema quitaron las placas que recuerdan el Juicio a las Juntas Militares
Cada cosa que hacen pretende borrar hechos históricos de la democracia de la Argentina#MemoriaEnEmergenciahttps://t.co/fzqUFgiUPi
— H.I.J.O.S. Capital (@hijos_capital) January 6, 2025
Un ataque integral a los derechos humanos
El retiro de estas placas es apenas una pieza más del rompecabezas de políticas impulsadas por el gobierno que buscan desmantelar décadas de avances en derechos humanos. Recientemente, el Decreto 950/24 habilitó la venta de inmuebles estatales, incluyendo sitios que funcionan como Espacios de Memoria. Entre ellos se encuentra La Perla, el mayor centro clandestino de detención del interior del país, ubicado en Córdoba, y el ex Regimiento de Infantería 9 (RI9) de Corrientes.
La Perla, lugar emblemático donde se perpetraron crímenes de lesa humanidad durante la dictadura, está protegido por la Ley 26.691, que obliga al Estado a preservar estos espacios. Sin embargo, bajo la excusa de una crisis económica y tierras “ociosas”, el gobierno avanzó en su proceso de venta. Este intento de “desguace de la memoria” ha sido calificado por organismos de derechos humanos como parte de una agenda negacionista, liderada por un gobierno que relativiza los crímenes de la dictadura.
Desde el inicio de su mandato, Milei ha dado claras señales sobre su postura. Con Victoria Villarruel como su principal aliada, el discurso oficial ha buscado minimizar el número de desaparecidos, desfinanciar organismos clave y justificar estas acciones como parte de un plan de ajuste económico. Adalberto Baños, al frente de la Secretaría de Derechos Humanos, ha sido el encargado de implementar estas políticas, desmontando archivos nacionales, leyes reparatorias y espacios de memoria.
La batalla contra el negacionismo
El gobierno de Milei, que llegó al poder prometiendo una “motosierra” para recortar gastos, ha encontrado en los derechos humanos un blanco ideal para contentar a su base ideológica. Sin embargo, más allá de lo económico, lo simbólico ocupa un lugar central. No es solo el recorte de presupuesto, quieren ir contra nuestra memoria.
Además del retiro de placas y la venta de espacios, las políticas negacionistas buscan abrir paso a un discurso que habilite una avanzada represiva y socave los derechos conquistados. El impacto no es solo en el plano simbólico: afecta leyes reparatorias, la educación en derechos humanos y la continuidad de juicios por crímenes de lesa humanidad.
Memoria en pie de lucha
Frente a este panorama, la respuesta social no se ha hecho esperar. Organismos de derechos humanos, colectivos de memoria, partidos políticos de izquierda y jóvenes han salido a las calles para resistir esta avanzada.
La remoción de las placas en la Corte Suprema y la venta de Espacios de Memoria no son hechos aislados, sino señales claras de un intento de desarticular la memoria histórica y las políticas que la sostienen. Pero en un país que construyó su democracia sobre las luchas colectivas, la memoria no se apaga fácilmente. La resistencia está viva y parece decidida a dar batalla por lo que nunca se negocia: la memoria, verdad y justicia.