Santiago Caputo, el consejero híper influyente del Presidente y vértice del “triángulo de hierro” junto a los hermanos Milei, está sin contrato con el Estado desde el 31 de diciembre. Pese a que él siempre participó de la toma de decisiones estratégicas del Gobierno, hasta ahora nunca asumió un cargo público y trabajó como tercerizado. La secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, le había dado al asesor presidencial un convenio de “prestación de servicios profesionales autónomos” y, durante 2024, le pagó al consultor honorarios mensuales por 3750 unidades retributivas equivalentes a unos $2.3 millones. Caputo es monotributista categoría B, la segunda más baja del régimen.
El contrato por sus servicios profesionales venció el último día del año pasado y hasta ahora el Gobierno no se lo renovó. Fuentes oficiales aseguraron que todavía Karina Milei y Caputo “ni siquiera hablaron del tema” porque se trata de una mera formalidad. Nadie se alteró demasiado en la Casa Rosada por este asunto en el primer día hábil del año: muchos funcionarios se tomaron un receso y están lejos de Buenos Aires durante esta semana.
A Caputo podrían renovarle su convenio más adelante y nombrarlo de forma retroactiva, para cubrir los días en los que estuvo “desempleado” o sin papeles. Con o sin contrato, Caputo seguirá metido en el corazón de la gestión nacional desde su despacho en el Salón Martín Fierro del primer piso de la sede gubernamental.
Hace exactamente un año, la Secretaría General de la Presidencia de la Nación, a cargo de Karina, oficializó en el Boletín Oficial la contratación de Santiago como “asesor presidencial”. La hermana del Presidente contrató a Caputo como “consultor rango II” desde el 2 de enero hasta el 31 de diciembre de 2024 con dedicación exclusiva. Los honorarios se fijaron en 3750 unidades retributivas (UR).
Ahora que arrancó el segundo año de gestión, el contrato de Caputo enfrenta un nuevo escollo: el decreto 1148/2024 referido al régimen de empleo público que firmaron el lunes pasado Milei y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, que persigue el congelamiento de la planta estatal.
Ese decreto señala que, dada la emergencia económica “en lo que respecta a la transformación de la política de empleo público corresponde adoptar medidas que optimicen los recursos del Estado”. A partir de allí, la norma señala que los organismos de la administración nacional “no podrán efectuar designaciones ni contrataciones de personal de cualquier naturaleza” y puntualiza que la prohibición comprende, entre otros casos, a “las contrataciones para la prestación de servicios profesionales autónomos previstas por el Decreto N° 1109 del 2017″.
Esta es la norma en la que se amparó Karina Milei para oficializar la contratación de Caputo, según la resolución que firmó la secretaria General de la Presidencia allá por enero de 2024. El decreto N° 1109/2017 es el que regula la locación de servicios en el gobierno nacional, es decir, la contratación de personas para que presten servicios profesionales autónomos en organismos públicos.
El decreto de Sturzenegger, no obstante, tiene un apartado en el que fija “excepciones” a la prohibición de contratar, que es el espíritu de la norma. “Los límites establecidos no deben ir en desmedro de la posibilidad de realizar designaciones y contrataciones de personal que respondan a necesidades estratégicas para el funcionamiento del Sector Público Nacional”, aclara el decreto. En ese listado de excepcionalidades figuran “las prórrogas de designaciones transitorias y de contratos”.
Es decir que, bajo este paraguas, a Caputo le podrían prorrogar su convenio en la Casa Rosada. Con el decreto de Sturzenegger, un contrato desde cero como el que él obtuvo en enero del año pasado no se podría hacer.
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