Madrid, 22 nov (EFECOM).- Sara Aagesen, que será la nueva ministra para la Transición Ecológica, asumirá este cargo en un momento en que se tendrá que ver la continuidad del impuesto a las energéticas, en que se aproxima la clausura de la primera central prevista en el calendario de cierre nuclear y en el que volverá a haber una Comisión Nacional de la Energía (CNE).
Aagesen, secretaria de Estado de Energía desde enero de 2020, ya se había encargado antes de la dirección, coordinación y definición del plan que recoge la estrategia energética de España hasta 2030, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030.
Dicho plan prevé una inversión de 308.000 millones de euros, un ahorro de 86.750 millones en combustibles fósiles, que las renovables en 2030 generen el 81 % de la electricidad, cubriendo el 48 % de la demanda de energía final, y un incremento del consumo eléctrico del 34 % respecto a 2019.
Sara Aagesen llega al Ministerio con un cierre del parque nuclear pactado con las compañías propietarias de centrales en el año 2019, un momento muy diferente al de ahora, en el que en otros países han dilatado el cierre de sus nucleares por la crisis energética y en el que hay un interés renacido por esta tecnología, con los reactores modulares pequeños (SMR).
En ese contexto de cierre del parque nuclear, está la polémica por la tasa que deben pagar por los residuos las compañías propietarias de centrales nucleares a la empresa pública encargada de la gestión de los residuos de las plantas que se cierran, Enresa, que dicen que se ha incrementado más que lo previsto en el calendario de cierre que se pactó.
Otra de las cuestiones que agita el panorama energético, aunque sea una medida fiscal que depende del Ministerio de Hacienda, es la continuidad del gravamen extraordinario a las compañías energéticas, nacido con la crisis derivada de la guerra de Ucrania y que disparó los precios de la energía.
El PSOE para sacar adelante su paquete fiscal pactaba esta semana con Podemos registrar junto a éstos y Sumar, partido socio en el Ejecutivo, una proposición de ley para que pueda ser aprobada antes de fin de año y que será elaborada en una comisión negociadora.
Las compañías del sector se oponen frontalmente a este impuesto, que dice que les impedirá hacer inversiones en proyectos para la descarbonización en España.
Aagesen llega a ministra en un momento en que también se va a recuperar la Comisión Nacional de la Energía (CNE), que se desgajará de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y cuya ley de creación tiene que ser aprobada ahora en el Parlamento.
Los pasos para restablecer la CNE coinciden con un momento en que la CNMC, a quien de momento corresponde establecer los peajes de gas y electricidad y aprobar la retribución a las compañías por sus inversiones en redes, ha iniciado el proceso para fijar las de los nuevos periodos retributivos.
La más inmediata es la que concierne a la electricidad, cuya metodología para el periodo 2026-2031 está previsto que se apruebe en octubre de 2025, y que las compañías quieren que fije una tasa de rentabilidad del 7,5 %, frente al 5,58 % ahora vigente.
Otra de las cuestiones pendientes es la celebración de subastas de renovables, después de la última que hubo en noviembre de 2022, mientras que siguen sin convocarse las subastas obligatorias de energía inframarginal para los operadores dominantes y la cogeneración aguarda a que se apruebe este mes de enero la metodología para que puedan celebrarse las suyas por una potencia total de 1.200 megavatios (MW).
En materia medioambiental, los retos de Aagesen pasan por la lucha climática, la sequía y la preservación de Doñana como joya del patrimonio natural español, pero también tendrá que lidiar al frente del Ministerio, competente en materia de agua y meteorología, con la polémica por la gestión de la dana del 29 de octubre en Valencia. EFECOM