Una nueva etapa de conversaciones entre el Gobierno colombiano y la guerrilla del ELN comenzó este martes 19 de noviembre en Caracas, Venezuela.
Este proceso tiene como objetivo retomar el diálogo interrumpido debido a los constantes enfrentamientos en regiones como Arauca.
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Iris Marín, defensora del Pueblo, expresó un enfático llamado al grupo armado para detener acciones que afectan directamente a la población civil, como el paro armado que mantiene en los ríos del Chocó, de acuerdo con información de la Revista Semana.
Desde el Congreso, Marín reiteró su preocupación por las comunidades más vulnerables y urgió al ELN a tomar medidas concretas en pro de la paz. “Insistimos en el llamado al ELN que el mejor gesto de paz es el respeto a la población civil entonces que se firme un cese al fuego ojalá, pero que no solo proteja a los combatientes, sino también a las comunidades, que haya compromisos específicos de finalizar prácticas como los confinamientos”, afirmó para ese medio.
En las semanas previas, la Defensoría del Pueblo ha emitido varias alertas sobre problemáticas graves como el reclutamiento forzado de menores y el desplazamiento masivo. Un ejemplo de ello es lo ocurrido en El Plateado, Cauca, donde más de 1.200 personas tuvieron que abandonar sus hogares debido a los enfrentamientos entre actores armados.
Estas situaciones, según Marín, deben ser atendidas prioritariamente en las negociaciones con el ELN. El congresista Carlos Felipe Quintero, del Partido Liberal, respaldó las declaraciones de Marín. Subrayó que los informes de la Defensoría evidencian un alarmante control de los territorios por parte de grupos armados ilegales.
“El informe de la Defensoría es alarmante. El llamado es al comisionado de Paz y al Gobierno Nacional, estos grupos están prácticamente dueños de los territorios”, enfatizó Quintero.
Además, Marín instó al Gobierno de Gustavo Petro a fortalecer la respuesta a las alertas tempranas emitidas por su entidad, destacando la importancia de proteger a las comunidades afectadas por el conflicto. La Defensoría del Pueblo también ha intensificado esfuerzos para prevenir el reclutamiento de niños y adolescentes por grupos armados.
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En Manizales, lideraron actividades educativas con estudiantes de secundaria, resaltando los riesgos del conflicto armado y las estrategias de captación utilizadas por los grupos ilegales. Según datos recientes, 282 menores fueron reclutados en Colombia hasta el 5 de noviembre, y más del 50% de los casos afecta a comunidades indígenas.
Estos diálogos, que se extenderán hasta el 25 de noviembre, representan una nueva oportunidad para buscar acuerdos que garanticen la seguridad de las comunidades y reduzcan los impactos del conflicto armado en Colombia. A pesar de los desafíos, la Defensoría del Pueblo se mantiene firme en su labor de velar por los derechos fundamentales de la población civil.