La habitualmente llamada regla general para acceder a una jubilación o a una pensión en la Argentina es, en términos prácticos, la excepción. A esa conclusión llega, al menos, un informe de la consultora Idesa. El documento indica que, del total de las prestaciones percibidas por adultos mayores y personas incapacitadas para el trabajo, solo el 20% corresponde a quienes, por el trabajo que hicieron, están en el régimen de la ley 24.241 y tenían cumplidos, al momento del retiro, los requisitos exigidos por el régimen (es decir, no recurrieron a moratorias previsionales).
El dato esconde diferentes realidades del país. Una es la persistencia de un mercado de trabajo con un altísimo nivel de informalidad. Según cálculos hechos con datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del Indec, la mitad de los asalariados y cuentapropistas no hace aportes, y, dada la precariedad de muchas trayectorias laborales, eso indica que un porcentaje mucho mayor al 50% llegará a la edad de retiro sin reunir los 30 años de aportes que exige la ley.
Otra cuestión es la convivencia en el país de muchos sistemas previsionales, cada uno de ellos con sus reglas particulares, generalmente más beneficiosas que las del régimen general. Es un tema que es eje de crecientes debates entre los especialistas en la materia, por problemas de financiamiento, subsidios cruzados y falta de equidad.
El informe de Idesa considera la totalidad de jubilaciones y pensiones otorgadas por edad o por incapacidad, ya sea por la administración nacional (regímenes gestionados por la Anses), o por otras jurisdicciones o instituciones.
Se concluye así que el segmento de prestaciones con mayor participación, sobre un total de poco más de 9,97 millones, es el que reúne a las pensiones no contributivas (PNC), la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y las jubilaciones y pensiones incluidas en el régimen contributivo a las cuales sus titulares accedieron tras adherir a una moratoria, ya que llegaron a la edad de retiro sin aportes suficientes (o, directamente, sin aportes).
Esas asignaciones estatales representan el 62% del universo total. Se trata de poco más de 1,57 millones de PNC (en su inmensa mayoría, por invalidez); 264.000 PUAM, y 4,31 millones de jubilaciones y pensiones con moratoria.
En este último grupo conviven beneficios dados a personas sin aportes, con otros otorgados a quienes tenían contribuciones, incluso por varios años, pero que no llegaron a completar, al momento del retiro, lo que exige la ley.
Las moratorias comenzaron en 2005, por la reglamentación de una ley de los 90. Actualmente, tres de cada cuatro jubilaciones que se dan cada mes de alta tienen esa condición.
El plan más masivo que rige actualmente, el de la ley 27.705, vence el 23 de marzo de 2025. Luego de esa fecha, quienes vayan cumpliendo la edad de retiro ya no podrán comprar aportes para jubilarse de inmediato (como sí se puede ahora). Y el Gobierno ya dejó en claro que no prorrogará la vigencia de ese sistema; por eso, quienes no tengan aportes y de no mediar otros cambios, deberán tramitar la PUAM a los 65 años (sin distinción de edad entre mujeres y varones).
En una de las versiones del proyecto de la Ley Bases, el Poder Ejecutivo promovía el fin inmediato de la moratoria y su reemplazo por un sistema de prestaciones proporcionales, según los años de aportes. Pero la iniciativa no prosperó.
Si se observa la estadística publicada por la subsecretaría de Seguridad Social, entre las prestaciones del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) seis de cada 10 incluyeron moratoria por aportes no hechos en su momento. Se trata, concretamente y a septiembre de este año, de 4.299.928 beneficios sobre un total de 7.141.882 (incluye el régimen general y otros). En el universo solo de las jubilaciones (5.552.530), el 68,3% tuvo moratoria.
En tanto, los jubilados y pensionados con prestaciones a las que accedieron vía moratoria fueron en septiembre 3.974.862 sobre un total de 5.942.081 (el 67%). De esas personas, hay 309.198 que tienen jubilación y pensión, ambas obtenidas con moratoria.
El estudio de Idesa señala también que un 18% de las prestaciones corresponde a las otorgadas por regímenes diferentes al general. Es decir, en este caso la “excepción” a la regla no es por falta de aportes, sino por la multiplicidad de sistemas para acceder a una jubilación o a una pensión, un tema puesto muchas veces sobre la mesa en las discusiones sobre la cuestión previsional.
Del total de jubilaciones y pensiones del país, un 9% proviene de sistemas provinciales, municipales y de bancos estatales. Son 904.200 casos, según el citado informe. En el caso de las provincias, se trata de las 13 que en los años 90 decidieron no transferir ala Nación sus cajas de empleados públicos, algo que propiciaba el Gobierno de entonces.
Otro 1% corresponde a beneficios de las cajas propias de profesionales que hay en diferentes jurisdicciones del país. Por último, un 8% de las prestaciones está en sistemas de leyes anteriores, diferenciales, especiales, o en retiros (en total, unos 834.000 casos).
Los esquemas diferenciales tienen reglas particulares, como edades más tempranas de retiro, por las características de la actividad y por haberse entendido, en el momento de su aprobación, que las tareas llevan a un envejecimiento prematuro. En el caso de regímenes especiales, se trata de los que también tienen condiciones diferentes a las de la ley general, pero sin que estén justificadas en cuestiones como el mayor esfuerzo físico; hay en ellas, en rigor, una cuestión de “mérito”.
En el último grupo están las asignaciones vitalicias creadas por la ley 24.018 para expresidentes y exvicepresidentes de la Nación, sumamente controversiales, sobre todo por sus elevadísimos importes. El viernes último se oficializó la decisión del Gobierno de dar de baja las dos prestaciones que cobraba Cristina Kirchner y que este mes superaron los $35 millones en bruto y los $21 millones en mano. La decisión se tomó tras confirmarse la condena judicial por “administración fraudulenta” que pesa sobre la expresidenta.
De acuerdo con las conclusiones de Idesa, “más allá de la irritación que producen los elevados beneficios otorgados a expresidentes, el principal desafío es abordar un ordenamiento integral” de todos los regímenes, que “debería tender gradualmente a eliminar todos los tratamientos especiales”.
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