En su conferencia de prensa diaria, el vocero presidencial Manuel Adorni anunció que el gobierno del presidente Javier Milei dará de baja la Asignación de Privilegio -comunmente conocida como jubilación de privilegio– que prestaba la expresidenta Cristina Kirchner.
«Será tanto en la asignación personal como en la derivada por pensión del fallecido expresidente Néstor Kirchner. Esto significa para los argentinos un ahorro -al menos de la asignación en mano- de unos 21 millones de pesos», explicó.
«El beneficio previsto por la Ley 24.018 para expresidentes y exvicepresidente de la Nación es una asignación que no tiene carácter contributivo y se otorga con carácter excepcional y extraordinario, como contraprestación al honor, el mérito y el buen desempeño en el cargo. La señora Cristina Kirchner fue condenada por la Cámara de Casación Penal en la Causa vialidad como autora del delito de administración fraudulenta, por lo que representa lo contrario al honor, al mérito y al buen desempeño», planteó Adorni.
En esta línea, aseguró que «la jubilación a exmandatarios es un privilegio que no debería existir en la Argentina, más aún si quien la percibe está condenada por estafar desde las más altas esferas del poder a millones de argentinos que vieron esfumarse sus esperanzas a manos de la política».
«Esto es nada más ni nada menos que otorgar un manto de sentido común y cordura a la gestión pública. Durante el mandato del presidente Milei, la Argentina no va a destinar fondos a ninguna persona que esté condenada por corrupción y que haya más mancillado el honor y la dignidad de los argentinos», completó.
Por qué el Gobierno dio de baja la jubilación de privilegio de Cristina Kirchner
Luego, el Gobierno emitió un comunicado en el que sostuvo lo siguiente:
«Frente a la reciente confirmación por la Cámara de Casación Penal de la condena a Cristina FERNANDEZ de KIRCHNER a la pena de seis (6) años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, el gobierno del Presidente Milei, a través del Ministerio de Capital Humano, resolvió dar de baja los beneficios de privilegio que la ex Presidente venía percibiendo, tanto la asignación personal como la derivada por pensión», indicó el Gobierno a través de un comunicado difundido en la red social X.
Y agregó que «la baja dispuesta por Resolución de la ANSES no constituye una sanción accesoria a la condena penal que le fuera impuesta por la justicia, sino una necesaria consecuencia por la indignidad que implica haber sido considerada autora penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública».
En efecto, remarcó que «el beneficio previsto por la Ley N° 24.018 para ex presidentes y ex vicepresidentes de la Nación, es una asignación graciable, sin carácter previsional, que se otorga como contraprestación al honor, mérito y el buen desempeño del cargo. No tiene carácter contributivo -esto es, no está sustentada en aportes equivalentes realizados por el propio beneficiario- sino que constituye una gracia otorgada en reconocimiento del mérito y del honor».
«La condena confirmada por la segunda y última instancia judicial ordinaria, afecta el presupuesto legal que tiene en miras este privilegio, de por sí discutible. Haber sido encontrada culpable de un delito contra la administración pública en el ejercicio de su función como Presidente de la Nación, torna inadmisible que pueda seguir percibiendo asignaciones de privilegio que le fueron otorgadas con carácter excepcional y extraordinario por un supuesto buen desempeño y por el honor del cumplimiento de su función presidencial. Tales premisas no pueden ser sostenidas frente a la sentencia de Casación Penal», añadió.
«Por todo ello, un elemental respeto a la coherencia de la gestión de gobierno y de las consecuencias que debe tener la comisión de esta clase de delitos que atentan contra el sistema democrático (art. 36 CN) por quien tuviera a su cargo los destinos y administración de la Nación, justifica la medida adoptada. Por último, es preciso destacar la ejemplaridad que la pérdida de estos privilegios tiene para la sociedad entera y para la clase política que debe recuperar los valores éticos e institucionales que supieron cultivar nuestros próceres y padres fundadores», concluyó.