miércoles, 9 octubre, 2024

Alberto Fernández habilitó casi $200 millones para construir un barrio donde había un humedal

El 24 de junio de 2022, la Secretaria de Integración Socio Urbana -SISU- a cargo de Fernanda Miño, militante de Juan Grabois, autorizó un convenio con la Federación de Cooperativas de Trabajadores de la Economía Social. FETRAES está a cargo de Eduardo Montes.

El gobierno de Alberto Fernández autorizó la adquisición de unas tierras en Brandsen, de 20 hectáreas, para la Federación comandada por el responsable de la Unidad de Desarrollo Territorial del gobierno de Axel Kicillof, dependiente de Andrés «Cuervo» Larroque. Montes estuvo en el cargo hasta agosto de este año, pero firmó el convenio siendo funcionario provincial. O sea, es otro caso de un funcionario que estuvo de ambos lados del mostrador. El programa La Cornisa recorrió los campos de Brandsen y habló con el sereno del supuesto nuevo barrio que está, actualmente, clausurado, por orden municipal.

El acta del Consjo de la Administración, firmada por Nuciari y Montes.

El acta del Consejo de la Administración, firmada por Eduardo Francisco Montes.

Cooperativa de Axel Kicillof, en la mira: usó 186 millones de pesos para «abrir una zanja»

Brandsen es el primer pueblo rural en la provincia y está ubicado a tan solo 65 kilómetros de Capital Federal. El convenio se firmó por $349.064.338 —equivalente a 2.800.000 dólares de la época—. Con esa plata, otorgada por la gestión Fernández, el funcionario de Axel Kicillof —firmante del convenio— compraría los terrenos para «colocación preliminar de servicios y regularización urbanística de lotes aptos para residencia». Pero nadie chequeó si se podía habitar la zona. Según los vecinos y el mismísimo intendente de Brandsen, eso es imposible pues «la zona es un humedal, no está preparada para recibir 300 familias, no hay colegios, medios de transporte ni servicios y, además, no está habilitado para ese fin».

Valeria Fernández es la vecina que denunció lo sucedido. Anoche fue amenazada de muerte luego de la difusión del programa La Cornisa: «Puta deja de aparecer en televisión», le dijeron por línea de WhatsApp. A su marido, según denuncia policial efectuada por el matrimonio, lo había amenazado de muerte un militante de FETRAES, de apellido Villacorta: «Vayan a ordeñar las vacas a otra parte».

El intendente de Brandsen, militante de La Cámpora, Fernando Raitelli, se opuso a la «conurbanización de Brandsen» y aseguró que no se construirán lotes con servicios ni viviendas en esa zona: «No me van a apretar». Sin embargo, Eduardo Montes, en medios locales, dijo que el contrato es legal y que trabajó por la campaña del intendente como si eso tuviese algo que ver.

A su vez, Raitelli, aseguró que «no autorizará el loteo» y que, en cualquier caso, «las tierras están zonificadas para explotación agrícola y no para la construcción de viviendas». Los vecinos discutieron anoche en el Concejo Deliberante y, tras un debate de más de una hora, coincidieron sus integrantes en solicitar al gobernador de la provincia de Buenos Aires que se exprese: «No puede esquivar el tema», dijeron. Un solo concejal votó a favor de FETRAES. Se trata de Lucas Bronicardi de Unión por la Patria, que aseguró que parte de esas viviendas habían sido prometidas a vecinos de La Plata.

Según la dirigente Florencia Arietto, «quieren mudar gente de la toma de Los Hornos a Brandsen para descomprimir la situación». Arietto analiza presentar una denuncia penal, al igual que diputados del radicalismo como Margarita Stolbizer.

Alberto Fernández habría repartido tierras no aptas para viviendas

En el boleto de compra venta que la policía local les mostró a los vecinos de Brandsen aparece una sociedad Italiana SRL, representada por un militante kirchnerista. El monto coincide con los fondos otorgados por la SISU. Pero, mientras que para el gobierno nacional de Fernández, los campos no tenían dueño, en la subdivisión de los terrenos, aparece registrado un ciudadano de origen chino.

Uno de los documentos que prueba la firma del convenio en cuestión.

Uno de los documentos que prueba la firma del convenio en cuestión.

Montes insiste en que todo es «legal» y que tiene el respaldo político para continuar con las obras. De hecho, aseguró públicamente que la concejal Sofía Penido, formaba parte del proyecto de urbanización de los lotes en cuestión y hasta que cobró por ello.

Montes era el responsable político del ministerio de Andrés «El Cuervo» Larroque, exministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, en el manejo de tierras. En radio local, Montes aseguró que «Esto no depende del intendente, viene de arriba».

La respuesta que ofreció el equipo de Sebastián Pareja, titular del FISU, intranquilizó a los vecinos: «El contrato es legal, pertenece a FETRAES y las familias cumplen con los requisitos establecidos por el programa». Sin embargo, tras el escándalo, negaron el comunicado.

Según el equipo de Pareja, el avance de obra ascendería al «11,08%», pero los vecinos y este cronista solo encontraron una zanja. Se trataría de la zanja más cara del mundo por más de 186 millones de pesos.

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