El gobierno de Javier Milei recibió este lunes a una importante delegación de la CGT con el objetivo de formalizar una mesa de diálogo para moderar la conflictividad que empezó a manifestarse tras el veto a la ley que aumentó las jubilaciones y que parece escalar con la marcha universitaria de esta semana y un posible paro de transportes, en un clima tenso para el oficialismo.
La CGT adelantó su apoyo a esa movilización que tendrá lugar el miércoles, en medio de la expectativa por el posible veto del Presidente a la Ley de Financiamiento Universitario. Será la segunda marcha del sector educativo que denuncia un grave recorte de fondos y, de concretarse, sería el segundo veto de Milei a una ley de alta sensibilidad social. Luego del que aplicó a la ley sobre jubilaciones, hubo más de una protesta con incidentes.
A esto se le suma el paro de los sindicatos del transporte anunciado para el próximo 17 de octubre, con la pelea por la privatización de Aerolíneas Argentinas como telón de fondo. La Casa Rosada intenta desactivar esa medida de fuerza. Para lidiar con todos estos frentes de batalla que se acumulan el oficialismo necesita tener un diálogo lo más fluido posible con la CGT, que cuando actúa unificada tiene un poder de movilización indiscutible.
A esa tarea se abocó el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, anfitrión de la reunión con los popes gremiales en la Rosada, y también el influyente asesor Santiago Caputo, autor de los gestos, buena voluntad que tuvo el Gobierno con la CGT precisamente para tender esta mesa de diálogo. En ese marco, el proyecto de ley para limitar el mandato de los líderes sindicales que el oficialismo frenó en el Congreso podría quedar definitivamente desactivado.
El Gobierno y otro gesto a la CGT: ¿se «cae» el proyecto que limita su poder?
El proyecto sigue la agenda de la Comisión de Legislación del Trabajo que preside el radical Martín Tetaz. Además de eliminar la reelección indefinida para los secretarios generales de los sindicatos, también termina con la cuota solidaria, garantiza la representación de las minorías en el esquema de conducción, obliga a presentar declaraciones juradas y fija medidas para «democratizar las obras sociales», una caja más que importante para los líderes sindicales.
Los diputados de La Libertad Avanza le quitaron apoyo a la iniciativa en la última reunión de la comisión, en consonancia con el bloque de Unión por la Patria donde la CGT obviamente tiene muchas terminales. En la UCR y en el PRO, que impulsaron la reforma y creyeron hasta último momento que los libertarios estaban a favor, afirman que «hubo un acuerdo» entre el Gobierno y la central gremial para impedir la firma del dictamen.
Tras suspender esa reunión entre críticas al oficialismo, Tetaz volvió a convocar a la comisión para el próximo jueves con el mismo objetivo: firmar el dictamen para el proyecto de reforma sindical. Sin embargo, en la oposición dialoguista señalan que «no está asegurado que esta vez los libertarios vayan» y ven muy posible que el tema se vuelva a postergar, según las fuentes consultadas por iProfesional.
En caso de que eso ocurra, el proyecto quedaría en un «freezer» por tiempo indefinido. Sin el apoyo del oficialismo y con toda la bancada peronista en contra, las chances de que avance son casi nulas. La reunión que mantuvieron Francos y el secretario de Trabajo, Julio Cordero, con casi toda la cúpula de la CGT podría ser la que selle la suerte de ese proyecto el próximo jueves.
El rol clave de Guillermo Francos y Santiago Caputo: ¿qué sindicalistas fueron a la Rosada?
En el Congreso deslizan que el supuesto «pacto» entre el oficialismo y el peronismo para trabar ese proyecto tuvo la venia de Caputo, a quien otras fuentes le atribuyen haber presionado para dejar afuera de la reglamentación de la reforma laboral el artículo artículo que penalizaba los «bloqueos» a plantas y fábricas. En la Rosada deslizan que el asesor es hoy uno de los interlocutores con la CGT y, de hecho, se sumó a la reunión de este lunes.
A él se le suman Francos y el secretario de Trabajo, Julio Cordero, que recibieron a los popes de la central este lunes en Casa Rosada, mientras Milei se reunía y salía al balcón junto su par de El Salvador, Nayib Bukele, para saludar a los transeúntes. Una curiosa coincidencia que muestra la naturaleza del Gobierno: el Presidente hace su juego mientras mientras sus alfiles se ocupan de las cuestiones «prácticas» de la política.
La reunión con Francos y Cordero se pautó con «agenda abierta». Participaron dos de los cotitulares de la CGT, Héctor Daer (Sanidad) y Carlos Acuña (Estaciones de servicio). El tercero, Pablo Moyano (Camnioeros) no fue y rechaza totalmente el diálogo con el Gobierno y es uno de los impulsores del paro nacional de transporte que se prepara para el 17 de octubre.
Esa división en la cúpula sindical es parte del objetivo del gobierno de Milei, que necesita contar con un sector más «dialoguista» en la CGT para contrarrestar el peso de los combativos, igual que ocurre en el Congreso con los diputados y senadores de la oposición. También asistieron Gerardo Martínez (UOCRA), José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), Andrés Rodríguez (UPCN) y Roberto Fernández (Unión Tranviarios Automotor), entre otros.
Las presencias mostraron que el Gobierno puede, efectivamente, tender una mesa de diálogo con buena parte de la «mesa chica» de la poderosa central gremial, pero las que más se destacaron fueron la de Fernández, por ser uno de los que apoya el paro de transporte, y la de Daniel Ricci, secretario de la Federación de Docentes Universitarios, a dos días de la movilización de ese sector.
El gobierno de Javier Milei y la conflictividad: ¿puede desactivar el paro de transporte?
Los estrategas políticos de Milei como Francos y Caputo prestaron atención a la caída del mandatario en las encuestas que se comentó mucho en la misma semana que el INDEC confirmó el aumento de la pobreza al 52,9% en el primer semestre del año. En líneas generales, son dos temas que le ponen telón de fondo a las señales de conflictividad que empieza a recibir la Casa Rosada.
La nueva marcha universitaria por el financiamiento y el posible paro de transporte del 17 de octubre son expresiones de esa conflictividad que los escuderos de Milei necesitan moderar hasta que puedan mostrar un «repunte» en la economía, que están convencidos de que ya empezó y se verá en los números del segundo semestre.
Así lo aseguró el Ministerio de Capital Humano tras la publicación del índice de pobreza y también Cordero, quien recientemente aseguró que «está todo preparado para que suceda un crecimiento económico» pero que «depende de la confianza que nosotros podamos transmitir». Uno de los factores que ayudan a un Gobierno a transmitir confianza es, precisamente, mostrar una baja conflictividad por las medidas que adopta.
Por eso la reunión con la CGT fue un primer paso para tratar de distender el clima con los gremios. Por parte de los sindicalistas, los planteos pasaron por los fondos de las obras sociales y un entendimiento definitivo para la parte de la reforma laboral que quedó sin reglamentar y que más los preocupa, según supo iProfesional.
Por parte del Gobierno, el mayor interés está puesto en aprovechar el tiempo que tiene hasta el 17 de octubre para tratar de desactivar la amenaza de paro general de transportes y también preparar el terreno para el día después de la marcha universitaria, cuando se prevé que Milei dicte el veto a la Ley de Financiamiento Universitario. Ese mismo día vence el plazo para tomar esa medida.
La marcha universitaria, otro ítem en la agenda del Gobierno y los gremios
A esta altura es improbable que el Gobierno desactive la marcha universitaria por el financiamiento, menos luego de que el secretario de Educación, Carlos Torrendell, acusara a las universidades de «inventar alumnos» para recibir más fondos. Por eso en la Casa Rosada están esperando al día después, para que el conflicto no siga escalando.
Allí asoma un doble problema para el Gobierno: la reacción al posible veto de Milei a la norma que garantiza el financiamiento para las universidades y el peligro de que, esta vez, no pueda sostenerlo en el Congreso como sí lo hizo con el de las jubilaciones. Fuentes parlamentarias confirmaron a iProfesional que hoy no contaría con los «87 héroes», como llamó a los diputados del PRO, el MID y de la UCR que lo ayudaron en esa oportunidad.
Del otro lado, la oposición tampoco tendría hasta ahora la mayoría de dos tercios necesarios para rechazar el veto. En ese marco, si Milei veta la ley universitaria su decisión podría quedar firme pero la tensión en torno al tema de la educación se incrementaría y el Gobierno necesitará en algún momento alcanzar un acuerdo para evitar nuevas movilizaciones.
El Ejecutivo les ofreció a los docentes universitarios un aumento igual al de los empleados estatales, de 6,8%, pero fue rechazado. Mientras la organización de la marcha continúa, también las gestiones de la Casa Rosada, como lo demostró al invitar a Ricci a la reunión con la cúpula de la CGT. Parte del oficialismo aspira poder reflejar un acuerdo con las universidades en el Presupuesto 2025.
En cualquier caso, el objetivo central del gobierno de Javier Milei es mantener abierto el diálogo con la CGT. El probable congelamiento del proyecto sobre «democracia sindical» es parte de la tregua que le propone a los gremios, con la esperanza de encontrar un marco de negociaciones que le sirva para evitar un fuerte paro de transportes y un agravamiento del conflicto con las universidades.