Luego de una multitudinaria marcha el último 23 de abril en defensa de las universidades públicas, la Universidad de Buenos Aires (UBA) llegó a un acuerdo con el gobierno nacional y levantó la emergencia presupuestaria en la que había entrado a principios del ciclo lectivo.
La situación de falta de fondos para cumplir con las actividades normales este año aplica a todas las universidades nacionales de gestión pública, ya que el Gobierno nacional solamente les renovó el presupuesto con el mismo monto de 2023 pese a haber habido 211% de inflación interanual, y solo incrementó un 70% la partida de gastos de funcionamiento (que es para pago de servicios básicos y materiales de mantenimiento)
La UBA fue uno de los principales focos de la protesta que realizaron las universidades, docentes, no docentes, estudiantes y graduados con sus familias, para pedir un presupuesto que garantizara que las actividades de las universidades pudieran realizarse durante todo el año lectivo. La UBA además había difundido una campaña (en video) para denunciar el desfinanciamiento y una recolección de firmas para apoyar el reclamo, que sería presentado ante las autoridades del Ejecutivo nacional y el Congreso.
Pero finalmente, el Consejo Superior de la UBA confirmó el miércoles que la universidad de gestión pública más grande del país había llegado a un acuerdo con el gobierno nacional y levantaba la emergencia universitaria. La respuesta de las otras universidades nacionales no se hizo esperar.
Acuerdo entre la UBA y el Gobierno
El Consejo Superior de la UBA suspendió la emergencia presupuestaria declarada el pasado 10 de abril. «Esto surge a partir del refuerzo que el Gobierno Nacional aprobó hoy tras las negociaciones con las autoridades de la Universidad. Este presupuesto está destinado exclusivamente al funcionamiento operativo de esta institución. De todos modos, continúa la preocupación por la cuestión salarial, investigación e infraestructura,» comunicó la casa de altos estudios.
En los considerandos de la resolución, el Consejo Superior manifestó que con el refuerzo asignado, se ha incrementado el presupuesto para gastos de funcionamiento que oportunamente había sido prorrogado. Las resoluciones mencionadas implican una actualización de los gastos, sin incluir salarios y otras partidas, del 270% interanual respecto del presupuesto sancionado para la universidad en 2023, y de 300% para los hospitales universitarios y aquellas funciones de la universidad vinculadas al área asistencial.
En la resolución se explica qué: «Las sumas indicadas, si bien se encuentran por debajo del presupuesto óptimo para el funcionamiento pleno de la Universidad, posibilitan una programación presupuestaria, imposible hasta el momento».
Por este motivo, el Consejo Superior resolvió «suspender a partir del día de la fecha la emergencia presupuestaria en el ámbito de la Universidad de Buenos Aires».
Como parte de la misma resolución, también declaró «el estado de alerta y profunda preocupación en materia de recomposición salarial, manifestando la urgente necesidad de arribar a un pronto acuerdo entre el Poder Ejecutivo Nacional, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y los representantes sindicales de las Universidad Nacionales, tendiente a recomponer el ingreso de los trabajadores docentes y nodocentes a un salario justo; así como también respecto a las partidas restantes aún no actualizadas y/o discontinuadas, particularmente aquellas vinculadas a las áreas de Ciencia y Tecnología, Extensión Universitaria y a los Programas de infraestructura universitaria».
Asimismo, el Consejo Superior de la Universidad se manifestó a favor de la sanción de una Ley de Financiamiento Universitario que establezca parámetros objetivos en la distribución del presupuesto de las universidades nacionales, así como también un criterio de actualización que permita mantener año a año, y a lo largo del mismo, el poder adquisitivo de las asignaciones presupuestarias realizadas.
Polémica por las otras universidades nacionales
Por su parte, el CIN también se pronunció respecto de este acuerdo de la UBA y el gobierno nacional, y se hizo eco en su comunicación de la polémica que ya se mencionaba en redes sociales, por la falta de consideración hacia los problemas de presupuesto de las otras universidades nacionales.
«La actualización en un 270 por ciento del presupuesto de gastos de funcionamiento y de un 300 por ciento para hospitales a la Universidad de Buenos Aires implica el reconocimiento por parte del gobierno nacional de uno de los aspectos del problema -y su grave magnitud- que todo el sistema universitario viene planteando desde enero de este año», indicó este organismo que es autónomo y lo integran representantes de las principales universidades nacionales, institutos universitarios y las universidades provinciales reconocidas por la Nación.
La marcha universitaria del 23 de abril fue multitudinaria
A la vez, consideró que «resulta inadmisible y provocador que se reconozca solo para una universidad y no para la totalidad del sistema que reúne a un conjunto de 60 universidades a lo largo y a lo ancho de todo el país, que representan a dos millones de estudiantes de las universidades argentinas.»
«No aceptaremos que existan estudiantes de primera y de segunda,» enfatizaron. «Por lo tanto, habiendo el gobierno confirmado con sus actos que los recursos están, exigimos inmediatamente una resolución que garantice un incremento igual al otorgado a la Universidad de Buenos Aires para todas las universidades públicas de la Nación.»
El CIN aseguró que de la misma manera continuará apoyando los reclamos salariales por paritarias de los gremios que integran sus casas de estudios y necesitan recomponer el poder adquisitivo de sus afiliados. También por el «sostenimiento y el fortalecimiento del sistema científico y tecnológico, por la actualización del monto destinado a becas estudiantiles y por la recuperación de las obras de infraestructura hoy paralizadas.»
Finalmente, consideraron este acuerdo como una estrategia para dividir el reclamo universitario, que contó con amplio apoyo social: «Rechazamos cualquier metodología que promueva la división entre universidades y dentro de las universidades. No convalidaremos ningún intento de división, ni priorizaremos nunca ningún atajo. El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) no resigna lo que cree. No es solo un problema de recursos, es también de principios.»