Una de las promesas que ha hecho Javier Milei en los últimos días es que el superávit fiscal ya no se sustentará en la licuación del gasto -especialmente en las jubilaciones, tras el cambio de fórmula indexatoria- sino en más «motosierra», es decir en un corte en el gasto estructural del Estado. Y la aprobación de la ley Bases apunta a ese objetivo, con el posible despido de empleados de la «planta permanente».
Es uno de los cambios fundamentales que se plantean en el proyecto de ley que acaba de recibir media sanción en la cámara de Diputados. Aunque generó menos ruido político que las privatizaciones o que la reforma laboral, hay un capítulo de la ley que, de ser aprobado, puede traer un cambio trascendente en un tema que hasta ahora se consideró tabú, como la posibilidad de alterar la inamovilidad de los empleados públicos.
La ley prevé que se puedan fusionar, reducir o directamente disolver organismos del Estado y que el personal afectado a estas reparticiones podrá quedar en «disponibilidad» mientras recibe capacitación para su reubicación. Esto implica la posibilidad expresa de que en un año los funcionarios queden desvinculados.
Este tema es abordado en el artículo 52 del Capítulo IV, que modifica el Anexo de la Ley N° 25.164 (la Ley Marco que actualmente rige el estatus del personal estatal) de la siguiente manera: «El personal alcanzado por el régimen de estabilidad que resulte afectado por las medidas de reestructuración que comporten la supresión de órganos, organismos o de las funciones a ellos asignadas; o de reducción por encontrarse excedida, conforme surja del informe fundado del órgano competente en la materia, la dotación óptima necesaria, quedará, automáticamente, en situación de disponibilidad por un periodo máximo de hasta doce (12) meses, conforme lo establezca la reglamentación».
Planta permanente, en disponibilidad
En definitiva, lo que la ley prevé es la forma de romper el histórico estatus del funcionario de planta permanente, que en los hechos contaba con una estabilidad laboral de por vida.
La imposibilidad de echar funcionarios es un principio establecido en la legislación de muchos países, a los efectos de evitar que, con cada recambio de gubernamental, las nuevas autoridades expulsen por motivos políticos a los empleados actuales para sustituirlos por otros funcionarios afines al nuevo partido de gobierno.
Pero, desde hace años, esa situación ha sido criticada en los diagnósticos sobre el crecimiento de la burocracia estatal, porque supone un premio sin la contrapartida de una exigencia de productividad y calidad en las funciones.
La media sanción a la Ley Bases faculta al gobierno para eliminar cargos estatales y, de esa forma, recortar la planta permanente
Ahora, el proyecto prevé que, en el marco de la reforma del Estado, se puedan suprimir organismos, dependencias y programas estatales, lo cual implicaría que ya no existirían los cargos creados para prestar las funciones.
Es decir, técnicamente no se trataría de un despido -no se puede echar a un empleado estatal para contratar a otro que cumpla su misma función- sino que se suprimiría el cargo en forma permanente. Y los empleados cuyos cargos desaparecen quedarían en «situación de disponibilidad» y pasarían a formar parte de un nuevo régimen de reinserción laboral.
Según lo propuesto en el texto de ley Bases, se creará un Fondo de Reconversión Laboral, con carácter fiduciario y que se financiará mediante recursos del presupuesto nacional. Básicamente, la función de ese fondo será la de pagar los salarios de los empleados «en disponibilidad» durante un año. En ese período, se buscará la reinserción laboral de estos trabajadores en el sector privado, para lo cual habrá un incentivo de eximición de cargas sociales por un lapso acotado.
Si pasa todo el año y el empleado «en disponibilidad» no pudo ser reubicado en otro trabajo, dejará de percibir el salario del Fondo de Reconversión y ya no formará parte de la nómina estatal.
En definitiva, esta modificación legal permitirá algo que muchas veces se había planteado en varios gobiernos, pero que nunca fue concretado: recortar el número de empleados de la planta permanente, a pesar de que están legalmente protegidos, dado que se encontraría la forma para que las desvinculaciones no sean técnicamente consideradas como un despido.
Nuevo objetivo de la motosierra de Javier Milei
De esta manera, se podrá incorporar al listado de pasibles de ser desvinculados a los funcionarios de una vasta lista de dependencias estatales. De todas formas, las reformas sobre el proyecto original impidieron que se mantuviera dentro de estas modificaciones a funcionarios de universidades, el Congreso de la Nación, el poder judicial y el ministerio público.
Hay organismos que, tras los cambios en el proyecto original de Ley Bases, no podrán ser disueltos, aunque sí existirá la facultad del gobierno para reorganizar su funcionamiento. Es decir, que también en estos casos se podrá reducir la nómina de empleados de planta permanente.
En este grupo figuran en Conicet; la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica; el Incaa; el Incucai; la Comisión Nacional de Valores; el Enacom; la Autoridad Regulatoria Nuclear; la Comisión Nacional de Actividades Espaciales; la Unidad de Información Financiera; el INTA; la Comisión Nacional de Energía Atómica y la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria.
Los sindicatos de empleados estatales alertaron sobre la preparación de nuevas tandas de despidos a mitad de año
Lo cierto es que esta modificación -en caso de no ser cambiada durante el debate en el Senado- implica un cambio sustancial en el recorte que el gobierno viene realizando en el Estado.
La ola de despidos que se ha concretado desde el recambio gubernamental se ha concentrado hasta ahora en los monotributistas con contrato reciente o en empleados con mayor antigüedad, pero que revisten en la «planta transitoria» y, por lo tanto, formalmente también son considerados como contratados. De esa masa de trabajadores -se estima que son más de un 30% del total-, se ha desvinculado a unos 20.000, pero el gobierno ya adelantó que su plan es incrementar esa cifra.
De hecho, miles de contratados que continúan en funciones han firmado contratos cortos, por tres o seis meses, cuando lo habitual es que se firme en períodos mínimos de un año. Mientras tanto, las nuevas autoridades de los ministerios y organismos continúan su auditoría sobre la planta laboral, a fin de determinar si hay un excedente en el personal necesario y si hay irregularidades en la asistencia y el cumplimiento de funciones. Las gremiales de empleados estatales advirtieron que a fines de junio y en septiembre se podrían repetir las situaciones de despidos masivos.
La tijera fiscal que viene
El Gobierno no solo no ha desmentido esas denuncias, sino que todas las declaraciones de los funcionarios, empezando por el propio presidente, apuntan en ese sentido. El rubro de salarios de personal estatal representó en marzo pasado un 12,8% del gasto público total, lo que lo convierte en el segundo más voluminoso, después de las jubilaciones -cuya ponderación es de 37,5%-.
Pero a partir de abril ocurre un punto de inflexión fundamental en la política fiscal del gobierno: ya no podrá acentuarse la licuación inflacionaria de las jubilaciones, dado que la nueva fórmula indexatoria supondrá que los haberes empezarán de los trabajadores pasivos a crecer por encima de la inflación -dado el rezago entre el momento del cobro y el momento que se toma para el cálculo del aumento-.
Esto deja con menos herramientas al gobierno para seguir restringiendo el gasto. Y el recorte de personal estatal gana importancia a los efectos de la «motosierra».