Por detrás del resultado fiscal superavitario del primer trimestre que el Gobierno celebra hay un ajuste de enorme proporciones que afecta a la sociedad argentina en general y en particular a jubilados, docentes, estudiantes, empleados públicos, personas que sufren enfermedades graves de salud, científicos y obreros.
El dato que festejan Javier Milei y Luis Caputo no se debe al impacto positivo de una expansión económica ni tampoco a un ajuste inteligente de los gastos. Básicamente, el Gobierno permitió que se licúen o directamente dejó de pagar una buena porción de sus obligaciones, algunas de ellas de enorme impacto social.
Motosierra y licuadora
El último informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) explica que a pesar de la caída de los ingresos del Tesoro en el primer trimestre en relación al mismo período del año pasado en términos reales, la merma de los gastos permitió que las cuentas dieran en positivo. Si no se toma en cuenta el pago de intereses de la deuda –que es lo único que creció–, la caída en términos reales del gasto primario del Estado es del 35,7 por ciento.
Así, al finalizar el primer trimestre de 2024, la Administración Nacional obtuvo un resultado financiero positivo de 0,7 billones de pesos, en contraste con un déficit de 1,4 billones de pesos obtenido en igual período de 2023. Se trata del cuarto mayor valor de la serie que comienza en 2010.
La clave para explicar ese resultado es que el Gobierno está aplicando un ajuste feroz sobre la población. La mayor parte se explica por la caída real de las transferencias a jubilados y pensionados, la baja de los subsidios a las tarifas y el derrumbe casi a cero de la obra pública. A continuación, algunas de las grandes partidas afectadas:
*Jubilaciones: la inflación le ganó por goleada a la fórmula de movilidad, con una merma de poder adquisitivo del 42 por ciento en el primer trimestre. Los bonos compensaron sólo en una parte menor esta retracción, con lo cual la caída fue del 31,4 por ciento.
*Obra pública: el informe de la OPC destaca que los gastos de capital reflejaron una retracción del 83,3 por ciento en términos reales, a partir del masivo recorte de transferencias de capital para las empresas públicas, a provincias y municipios y también en la inversión real directa.
*Subsidios: a pesar del fuerte tarifazo, que redujo la necesidad de subsidios, todavía persisten fuertes deudas del Estado con Cammesa, Enarsa y las empresas del Plan Gas.
*Salarios: la partida de gasto corriente en personal del Estado muestra una caída del 16,8 por ciento interanual.
*Programas sociales: ajuste en las partidas para el Potenciar Trabajo (-50 por ciento real), Becas Progresar (-45,7 por ciento), programa Acompañar (-80 por ciento), Políticas Alimentarias (-81 por ciento).
Más en detalle, de acuerdo al CEPA, «se detectaron fuertes ajustes en la Superintendencia de Servicios de Salud, ANMAT, hospitales nacionales e incluso en el Instituto Nacional del Cáncer y la Agencia Nacional de Discapacidad. En materia de salud existen programas críticos que están virtualmente paralizados por falta de fondos. Son los casos de ‘Acceso a Medicamentos, Insumos y Tecnología Médica, Respuesta al VIH’, ‘Infecciones de Transmisión Sexual, Hepatitis Virales, Tuberculosis y Lepra’ y ‘Prevención y Control de Enfermedades Transmisibles e Inmunoprevenibles».
Sobresale la parálisis de los proyectos viales en todo el país y el ajuste en el equipamiento en el sector educativo en el marco del Conectar Igualdad, en el Fondo Nacional de Incentivo Docente y en partidas de Gestión Educativa. En materia científica, se dieron fuertes caídas en la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología y otros organismos del sector como la CONAE, CONICET y CONEAU.
Se destacan los recortes de partidas para el funcionamiento de la Anses, el INAES y la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, así como también en la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo, el SENASA, INTA e INTI.
En cambio, detalla el CEPA, se verificó un gran peso de los servicios de deuda pública dentro de la estructura de gastos, de tal forma que dicha función representó el 18,5 por ciento del total de gastos. De hecho, los Servicios de Deuda Pública es la única función presupuestaria que crece en términos reales respecto al mismo período de 2023.
Crisis
El combo de motosierra y licuación fue suficiente para absorber la caída de los ingresos fiscales como motivo de la crisis económica. La recaudación tributaria cayó en términos reales un 9,6 por ciento en el primer trimestre.
Hacia el interior de los ingresos fiscales, se observa un derrumbe de los tributos asociados al mercado interno. La recaudación del impuesto a las Ganancias cayó 38,8 por ciento interanual, mientras que el IVA se redujo un 1 por ciento; Débitos y Créditos, un 10,8 por ciento y Seguridad Social, 23,3 por ciento. En cambio, el Impuesto PAIS creció un 304,1 por ciento en base a la devaluación y a la ampliación de la base imponible que aplicó esta gestión, junto al avance del 109,9 por ciento en los derechos de exportación.