En esta tercera parte, repasaremos las medidas tomadas por los gobiernos nacionales tras enfrentar restricciones al comercio exterior producidas por el fallido alineamiento argentino durante la Segunda Guerra Mundial y después del fin del conflicto mundial.
Hoy 12:32
Por Eduardo Lazzari para TN – El fin de la Segunda Guerra Mundial significó para el mundo un cambio de época definido con claridad por el enfrentamiento por la hegemonía global entre el bloque occidental democrático encabezado por los Estados Unidos de América y el conglomerado que quedó sujeto al mando de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, en lo que el relato histórico ha llamado la “Guerra fría”, definida sobre todo por el estallido de guerras regionales que fueron satelitales a ese gran conflicto, como el caso de la guerra de Corea y de Vietnam, además de las competencias desatadas en el terreno de la tecnología militar, caracterizado por el acopio de armas nucleares capaces de terminar con la vida humana, en lo que se llamó política de disuasión, y sobre todo por el desarrollo de la carrera espacial, que comenzó ventajosamente para la U.R.S.S. con el primer vuelo tripulado fuera de la atmósfera y luego revertido por la llegada del hombre a la Luna por parte de los EE.UU.
En ese contexto, la Argentina tuvo durante el desarrollo del conflicto mundial entre los Aliados y el Eje una actitud cambiante que lo ubicó hacia 1939 con un liderazgo político aliadófilo, pero que mutó hacia la cercanía con Alemania e Italia en 1943, para terminar buscando un acercamiento con los vencedores, todos cambios bruscos que deterioraron la apreciación sobre el país que se tenía hasta fines de la década del 30. Las consecuencias económicas de esos avatares fueron varias, pero sobre todo significó la pérdida del apoyo financiero aliado para promover el desarrollo económico conocido como Plan “Marshall”, en homenaje a su promotor, el general estadounidense George Marshall, secretario de Estado entre 1947 y 1949, en la presidencia de Harry Truman, que benefició entre otros al Brasil, competidor directo por el liderazgo regional con la Argentina.
Las crisis como producto de la intervención estatal
Las restricciones al comercio exterior producidas por el fallido alineamiento argentino, sumadas a las consecuencias directas de la Guerra Mundial, llevaron a los sucesivos gobiernos nacionales, pero sobre todo durante la primera presidencia de Juan Perón iniciada en 1946, a desarrollar políticas de expansión de la demanda por medio de una emisión monetaria descontrolada, además de la intervención directa del Estado en el comercio exterior con la creación del Instituto Argentino para la Promoción del Intercambio, ideado por el presidente del Banco Central de la República Argentina, el empresario hojalatero Miguel Miranda, que monopolizó la relación comercial con el mundo, y estableció dos tipos de cambio: uno bajo para los exportadores y otro alto para los importadores, manejando la diferencia como fondos de intervención en los mercados.
Como antecedente importante, la emisión monetaria producto de las políticas keynesianas de Federico Pinedo y sus sucesores desde 1935 no habían tenido repercusión en la inflación, que se mantuvo en un nivel del 2% anual o menos hasta 1944, para explotar al año siguiente llegando al 19,9%, en el último año del gobierno de facto conocido como la Revolución del 43. El promedio ponderado entre 1946 y 1951 fue del 22%, apalancado en un desmesurado aumento de los sueldos por encima de la productividad de la economía; la disminución de las ganancias del sector agropecuario, que lentamente comenzó a bajar su producción; la estatización de las empresas privadas de servicios públicos, como los ferrocarriles, los teléfonos y la electricidad; el establecimiento del monopolio estatal de los servicios radiofónicos y televisivos: a la vez que se incrementó notablemente la planta estatal con la creación de ministerios, secretarías y direcciones nacionales, producto de la aplicación de la reforma constitucional de 1949.
El primer ministro de Hacienda de Perón fue Ramón Cereijo, cuya fama fue mayor por su participación en la construcción del estadio del Racing Club de Avellaneda que por su desempeño en la función pública. Visto el agotamiento del modelo económico llevado a cabo durante tres años, que definió genialmente el historiador Félix Luna como “Argentina era una fiesta”, en 1949 fue nombrado presidente del Banco Central, que fue estatizado en su totalidad y se le quitó su independencia, el prestigioso economista Alfredo Gómez Morales, que trató de controlar la crisis de la balanza de pagos a través de una restricción de la emisión monetaria, lo que chocaba con los objetivos políticos del general Perón, lanzado a su primera reelección inmediata en 1951. Para entonces ya estaba en vigencia una ley contra el agio y la especulación, que por el fracaso en el control de los precios fue cada vez más represiva, llegando a la clausura de cientos de negocios de cercanía y la prisión de sus dueños.
El primer ajuste con correcciones estatales
La inflación de 1951 llegó al 45.62%, pero el amplio triunfo de Perón en las elecciones de noviembre de ese año permitió a su nueva administración encarar un ajuste ortodoxo de la economía. Para ello, Gómez Morales fue nombrado en el ministerio de Asuntos Económicos el 4 de junio de 1952, y propuso un Plan de Emergencia Económica, por supuesto aprobado por Perón. Si bien Gómez Morales decidió la disolución del IAPI, no lo logró aunque cercenó su participación en el comercio exterior. Se restableció la libertad de exportaciones, se intentó el ingreso de la Argentina a los nuevos organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, se ordenó la baja del gasto público, lo que provocó violentas huelgas de empleados públicos, entre ellas las de los ferroviarios, gremio en el que la cantidad de trabajadores se incrementó un 50% en tres años y que fueron militarizados por el gobierno para mantener el servicio en funcionamiento.
Lo que constituía un ajuste clásico de la economía, fue presentado por el presidente Perón como un plan de austeridad para mejorar la productividad de la economía. El lema bajo el cual se impusieron estas medidas fue: “Aumentar la producción, ser prolijos en el consumo, incrementar el ahorro popular”. No deja de ser curioso que se haya puesto en marcha una Comisión Nacional de Precios y Salarios, cuya primera medida fue congelar los salarios durante dos años, a pesar de que el índice de inflación de 1952 fue del 39%, aunque bajó bruscamente a cerca del 4% en 1953 y 1954, para volver a subir en 1955 al 12,3%. Fue esencial para sostener este plan de ajuste el acompañamiento del sindicalismo peronista, que logró el apoyo de las bases obreras a las medidas de austeridad.
Desde el punto de vista estrictamente económico, Gómez Morales buscó aumentar las exportaciones y disminuir las importaciones, para lo cual se aumentó el valor del dólar, convertido ya en la divisa del comercio internacional en reemplazo del oro desde la Conferencia de Bretton Woods de 1944, en la que la Argentina no participó. Para el país, la política expansiva del gasto público había provocado la pérdida de todas las reservas internacionales que se habían acumulado desde 1935, lo que significó en la práctica la quiebra del Banco Central, a la vez que los bancos estatales perdieron su capacidad crediticia y vieron disminuidos sus patrimonios netos por la altísima inflación.
El golpe simbólico más potente en contra del plan del gobierno fue la aprobación de una ley de inversiones extranjeras que dejó de lado todo el discurso nacionalista del oficialismo en 1953, llegando al extremo de ofrecer a la compañía petrolera estadounidense Standard Oil la explotación exclusiva de 50.000 km2. en la Patagonia, lo que provocó agrios debates donde el oficialismo debió defender, como consecuencia del deterioro de la situación económica, aquello que había aborrecido durante una década.
La fatal combinación de decadencia económica y deterioro político
Para entender el deterioro de la economía argentina desde la crisis de 1930, hay dos datos que merecen ser tomadas en cuenta: la inflación y la cotización del dólar. La primera cifra impresionante es la inflación acumulada en el largo período de siete décadas que comienza en 1875, durante la presidencia de Nicolás Avellaneda y culmina en 1945, hacia el final de la Segunda Guerra Mundial, alcanzó el 129%, de punta a punta, es decir un promedio ponderado menor al 1,5% anual, con períodos de incrementos superiores y al menos dos deflaciones muy importantes.
La segunda cifra es la cotización del dólar estadounidense en su relación con el peso argentino llamado moneda nacional, signo monetario que rigió desde la década de 1880 hasta el 1° de enero de 1970: en agosto de 1914 (inicio de la Primera Guerra Mundial) un dólar equivalía a dos pesos con 36 centavos, en octubre de 1929 (comienzo de la crisis mundial por la quiebra de la Bolsa de New York) la paridad era la misma, es decir que no hubo alteraciones durante 16 años. En abril de 1945 (fin de la II Guerra Mundial) un dólar, que se había convertido ya en la moneda internacional para el comercio mundial, valía $ 4,02. Pero en sólo diez años el deterioro del valor del peso llevaría la paridad entre las dos monedas más potentes de América a que un dólar equivaliera a $ 33,25 en junio de 1955, acumulando nuestro signo monetario una pérdida equivalente al 90%. Es quizá nada comparado con los trece ceros que perdió el peso entre 1970 y 1991, que hace imposible entender cuanto valdría un dólar hoy si lo cotizamos con aquella antigua denominación “moneda nacional”.
Si bien los grandes números de la economía nacional parecían acompañar el esfuerzo propuesto por el gobierno de Perón, las condiciones políticas se deterioraron desde fines de 1954 a raíz de la escalada de conflicto del gobierno con la Iglesia Católica, que derivó en el fallido golpe de estado del 16 de junio de 1955, al que siguió un intento de acuerdo político que el propio Perón abortó con un violento discurso el 31 de agosto, y que culminó con el triunfo de la llamada Revolución Libertadora, que no siguió un curso de acción demasiado diferente en las políticas económicas, profundizando las distorsiones durante las presidencias de facto de Eduardo Lonardi y Pedro Aramburu, y que serían abordadas con un plan de shock por el radical intransigente Arturo Frondizi, tema que abordaremos en el próximo artículo, junto a los ajustes de 1967, 1975, 1989/9 y 2001.