La Audiencia Nacional rechaza el intento de las eléctricas de frenar de urgencia la criba masiva de renovables

El sector de las energías renovables sufrió hace unos meses una criba masiva de proyectos de nuevas plantas que estaban en tramitación. Fueron cientos de plantas las que no lograr el pasado enero la obligatoria declaración de impacto ambiental (DIA) para poder continuar con el proceloso proceso de obtención de todas las autorizaciones administrativas y entrar en funcionamiento dentro de unos años.

Desde entonces muchas de las compañías energéticas afectadas están encadenando recursos en diferentes instancias para poder tumbar la decisión de dejarles fuera de la gran carrera del boom renovable, haciéndoles perder el codiciado permiso para la conexión a la red eléctrica. La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) lleva meses rechazando las impugnaciones de las eléctricas y ahora, en un nuevo paso en la batalla legal, la Audiencia Nacional también está decidiendo en contra de los intereses de las energéticas y rechazando las medidas cautelares para evitar la pérdida del acceso a la red.

Los grupos energéticos están obligados a cumplir estrictos plazos para la obtención de permisos administrativos para seguir vivos y no perder el punto de conexión a la red eléctrica, lo que les obligaría a volver a la casilla de salida de una larga carrera burocrática que dura unos cinco años. El pasado enero proyectos con una potencia conjunta de unos 15.000 megavatios (MW) quedaron fuera de la tramitación, aproximadamente una quinta parte de todos los que optaban a superar esa fase.

El tijeretazo ha llevado a decenas de compañías a promover reclamaciones formales contra la decisión de Red Eléctrica de España (REE), el gestor de las redes de alta tensión, de retirar el permiso de acceso a la red a los proyectos que no obtuvieron la DIA preceptiva. La CNMC ha recibido más de un centenar de conflictos presentados por las compañías afectadas y está rechazándolos de manera masiva, e incluso ha advertido de que todos los recursos que reciba serán resueltos en el mismo sentido desestimatorio, como adelantó EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, del grupo Prensa Ibérica.

Tras el ‘no’ de Competencia, algunas compañías energéticas han continuado con la guerra legal y han recurrido ante la Audiencia Nacional como siguiente paso y han reclamado medidas cautelares para paralizar de urgencia la retirada del permiso de acceso a la red a la espera de que el tribunal se pronuncie sobre el fondo del asunto y evitar que mientras dure el proceso esa capacidad de conexión se adjudique a otras compañías.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia aún no se ha pronunciado sobre el fondo de la cuestión, pero en los dos últimos meses acumula casi una decena de autos en los que rechaza de manera sistemática las medidas cautelares reclamadas por diferentes grupos de energías renovables para mantener los permisos de REE para sus proyectos eólicos y fotovoltaicos.

Uno de cada cinco proyectos, KO

El Gobierno y las comunidades autónomas, dependiendo del tamaño del proyecto, rechazaron el pasado enero (o en el caso de algunas CCAA, siquiera les dio tiempo a estudiar por el colapso administrativo) proyectos renovables con una potencia conjunta de algo más de 15.000 megavatios (MW), el 20,6% del total de peticiones presentadas. Tras el rechazo les fue retirado el derecho de conexión a la red eléctrica, según se recoge en los registros de solicitudes de Red Eléctrica de España (REE). Entre los proyectos desechados figuraban 10.500 MW de energía solar fotovoltaica y 4.500 MW de parques eólicos.

El pasado enero proyectos con una potencia conjunta de 58.000 MW sí que obtuvieron la obligatoria DIA para seguir adelante con sus planes. Era sólo una etapa burocrática de las varias que las compañías energéticas van a tener que superar aún hasta tener en marcha las plantas.

Tras la obtención de la declaración ambiental, la inmensa mayoría de los proyectos en tramitación consiguieron del Gobierno central o de las comunidades la autorización administrativa previa antes del 25 de abril y luego les tocaba obtener la autorización administrativa de construcción antes del 25 de julio (aunque el Gobierno central aprobó una extensión de seis meses adicionales, hasta finales de enero, para conseguirla). Posteriormente, deberán obtener la autorización de conexión a la red y la de puesta en funcionamiento, con el objetivo de estar operativas a mediados de 2025.

El sector pide más tiempo

El sector de las energías renovables advierte ahora de que se avecina un colapso en el despliegue de nuevas plantas. Cientos de proyectos verdes, en torno a un millar, tienen ese plazo legal para estar funcionando a mediados de 2025 y no perder el codiciado permiso de conexión a la red eléctrica. Y las patronales renovables avisan de que la mayoría de proyectos no cumplirán con ese tope temporal por el atasco que va a suponer que todo el sector esté intentando contratar proveedores (los mismos proveedores) para construir la avalancha que viene de nuevas instalaciones en un plazo tan corto. Por eso, las asociaciones anticipan que necesitarán al menos dos años más para evitar que caigan gran parte de los proyectos.

El Gobierno ya ha concedido dos prórrogas para facilitar el cumplimiento de toda la tramitación de los permisos administrativos que dura unos cinco años. En total, se han aprobado 15 meses de alivio para cumplir requisitos de todo el proceso en varios de sus hitos temporales (9 meses para conseguir la declaración de impacto ambiental y otros 6 meses para la autorización de construcción). El Ejecutivo entonces las justificó por las dificultades generadas por la pandemia de covid y por el desbordamiento de las administraciones públicas (especialmente las comunidades autónomas) para estudiar y aprobar todas las solicitudes presentadas.

Frente a las presiones que arrecian desde el sector para conseguir un nuevo aplazamiento, ahora para materializar la construcción de las nuevas plantas renovables, el Gobierno actual en funciones se limita a dar largas a las compañías, y de momento se resiste a conceder nuevas prórrogas o siquiera a anticipar que esté dispuesto a hacerlo en el futuro.

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