La Justicia investiga los alcances de una nota que en abril del 2015 envió el administrador concursal de la quiebra de dos empresas del grupo Petersen en España en la que se reclama que el gobierno de Cristina Kirchner indemnice, también, a esas compañías además de a Repsol.
En una nota apostillada y enviada por el Administrador Concursal español Armando Betancor Alamo a la entonces presidenta Cristina Kirchner expuso el daño económico que le provocaba a Petersen Energía SAU y Petersen Inversora SAU que no le paguen por el 25 por ciento de las acciones que habían obtenido durante la presidencia de Néstor Kirchner.
Cristina, y su entonces viceministro de Economía e interventor de YPF-Repsol Axel Kicillof le habían pagado unos 6 mil millones de dólares a Repsol pero nada al grupo Petersen de la familia Eskenazi.
La nota del administrador español, a la que accedió Clarín, dice que si “Argentina no soluciona rápidamente la controversia mediante un acuerdo, los inversores comenzarán un procedimiento de arbitraje”.
El escrito de nueve páginas recuerda con detalle cómo fue el ingreso del grupo Petersen a YPF entre el 2008 y el 2011 y resalta que ante el no pago que decidió el gobierno de Cristina “los inversiones no tuvieron otra opción que solicitar su concurso voluntario”.
La nota está en la causa que el fondo Burford inició contra la Argentina ante la jueza Loretta Preska en Nueva York. Además, recordó los compromisos asumidos por la Argentina ante España en el llamado acuerdo para la Promoción y la Protección Recíproca de Inversiones que había firmado en 1991 el ex presidente Carlos Menem.
Los concursos en España empezaron en octubre de 2012 y dos años después ambas empresas entraron en liquidación.
El alcance de este acuerdo puede servir para determinar la responsabilidad de los funcionarios del Gobierno de Cristina que no buscaron un acuerdo por evitar que el fondo Burford comprara solo por 18 millones de dólares los derechos litigiosos de las dos empresas del Grupo Petersen.
El juez federal Ariel Lijo investiga si en este escándalo hubo incumplimiento de los deberes de funcionario público por parte de Cristina, Kicillof y otros que manejaron la polémica forma de reestatización de YPF en el 2012.
Fuentes judiciales informaron que Lijo está “a la espera del resultado de los exhortos” que mandó a España y Estados Unidos para confirmar en forma oficial cómo se negoció y avanzar sobre eventuales responsabilidades penales.
La nota que publica Clarín, dijo una fuente judicial, “es, también, muy importante porque el Grupo Petersen siempre dijo que no había accionado contra el Estado”, aunque el pedido es del administrador concursal español. La nota no está en el expediente de Lijo.
Por otra parte, Lijo está “investigando a partir de una presentacion de Elisa Carrió como fue el proceso de selección del estudio que representó a la argentina en Estados Unidos, honorarios, vínculos con funcionarios de YPF, etc.”, agregaron las fuentes. El gobierno de Alberto Fernández cambió de abogados en el 2015.
En agosto, La líder de la Coalición Cívica-ARI, amplió su denuncia contra Kirchner y Kicillof por el “daño mayúsculo” que causó al Estado la forma en que se nacionalizó YPF en el 2012, a la luz del juicio que se perdió en EE.UU. por lo menos unos 16 mil millones de dólares. En esta oportunidad, Carrió adujo que el caso tiene “gravedad institucional” y recordó que su primera denuncia por este caso fue en el 2012.
Por su parte, esta semana YPF aseguró que ejercerá su derecho a defensa conforme al procedimiento legal aplicable, tras la apelación presentada por Burford Capital y Eton Park en el juzgado del Distrito Sur de Nueva York para que se incluya a la empresa en la sentencia final tomada en la causa por la nacionalización de la petrolera.
En la sentencia final dictada el 15 de septiembre de 2023, la jueza Preska desestimó los reclamos presentado por los demandantes contra YPF, al decretar que la petrolera no tuvo responsabilidad contractual en la nacionalización, sino el gobierno de Cristina.
En una nota enviada a la Bolsa porteña, YPF comunicó que «continuará defendiéndose conforme el procedimiento legal aplicable» en el juicio que se lleva adelante en Nueva York por su nacionalización, ante la decisión de Burford Capital y Eton Park de apelar la sentencia final.
La apelación de los demandantes se concretó luego que el Estado Argentino hiciera lo propio la semana pasada tras el fallo que obliga al país pagar una indemnización de US$16.000 millones.
La comunicación dio cuenta que, «los demandantes apelaron la Sentencia Final del Tribunal de Distrito con relación a YPF y a aquellas decisiones que, a los efectos de la apelación, se ven incluidas en la Sentencia Final».
«En este contexto, YPF continuará defendiéndose conforme el procedimiento legal aplicable y las defensas disponibles», subrayó la compañía.
La semana pasada, la Argentina formalizó su intención de apelación, dando aviso a la Corte de Nueva York dentro del período de 30 días que corren luego de la sentencia, y según la práctica habitual para estos casos.
Las partes se encuentran a la espera de la inminente decisión de Preska, que tiene que indicar a partir de qué momento tendría efecto la sentencia formulada el pasado 15 de septiembre.
A principios de octubre, Burford Capital reclamó a Preska que habilite la posibilidad de embargar bienes argentinos en el exterior a partir del 16 de octubre, es decir a partir de los 30 días de emitida la sentencia.
Frente a esto, la Argentina consideró que Burford Capital y Eton Park no respetaron «un período razonable», que a su criterio es la duración de todo el proceso de la apelación.
Para evitar esa medida los demandantes, exigieron que la Argentina deposite de manera preventiva ante el juzgado de Preska una garantía equivalente al monto del fallo por US$16.000 millones.
La Argentina notificó formalmente a la justicia de Nueva York la decisión de apelar el fallo emitido contra el país el último 15 de septiembre, por el caso de la nacionalización de YPF, que obliga al país pagar una indemnización de US$16.000 millones a Burford Capital y Eton Park, que se presentaron como demandantes en la causa. La carta de apelación -enviada ayer- a la jueza Loretta Preska consta de una carilla, en la que se formalizó la apelación, a lo cual luego se sumará la presentación oficial de los argumentos.
La defensa argentina, representada por el estudio Sullivan & Cromwell, manifestó que no podría hacer dicho pago actualmente, ya que el desembolso generaría «daños irreparables a la población que sufre de alta inflación causada por una sequía sin precedentes».
En primer lugar, el país expresó que «existe una clara barrera legal para a República» , ya que, «según la ley, los únicos pagos que el gobierno argentino puede hacer en el año en curso son aquellos incluidos en el presupuesto aprobado por el Congreso Nacional para el año«.
Y, como la «sentencia que está sujeta a apelación no es definitiva y no puede ser presupuestada» por lo que no puede avanzar para financiar un bono o comenzar a pagar la sentencia.
Los abogados que representan al Estado argentino adujeron también que «la sentencia de US$16.100 millones representa una cantidad equivalente a casi el 20% de la Presupuesto federal de la República para 2023. El pago de tal proporción del presupuesto de un país no es posible para cualquier gobierno en el cronograma propuesto por los demandantes», consideraron.
En segundo lugar, «incluso si fuera legalmente posible (y no lo es) garantizar una fianza acercarse al tamaño de la sentencia de $16.1 mil millones o comenzar a pagar la sentencia es una imposibilidad práctica dadas las circunstancias financieras actuales de la República. Muy simple. No existen fuentes de financiamiento para financiar una cantidad cercana a la sentencia en este ejercicio fiscal», afirmaron los abogados que representan al país.
A la vez, citaron al al FMI, que»estimó recientemente que el Banco Central de la República tiene un saldo casi negativo de 10.000 millones de dólares en reservas internacionales netas» y que bajo el marco del acuerdo rubricado con el Fondo, la República tampoco puede pedir prestado fondos para asegurar una fianza.
Así , explicaron que «actualmente no tiene la capacidad de emitir deuda pública en los mercados internacionales de capital, y tiene una calificación CCC- (negativa) de S&P», con lo que .la República»no sería capaz de absorber financiamiento neto adicional de la magnitud requerida para pagar el monto de la Sentencia».
En tercer lugar, «incluso si fuera posible legal y prácticamente asegurar de alguna manera una fianza comenzar a pagar la sentencia, hacerlo impondría un daño grave e irreversible a un argentino población que ya sufre una alta inflación y las consecuencias económicas adversas de una sequía grave y sin precedentes»