Violento desalojo de una propiedad rural en Corrientes: policías y manifestantes heridos

El violento desalojo de una familia de una propiedad rural ubicada sobre la ruta 129, a diez kilómetros de Monte Caseros, en Corrientes, terminó con duros enfrentamientos y al menos cuatro policías y varias personas que apoyaban a los ocupantes con heridas.Los agentes, que cumplieron una orden judicial y actuaron con la presencia de un…

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El violento desalojo de una familia de una propiedad rural ubicada sobre la ruta 129, a diez kilómetros de Monte Caseros, en Corrientes, terminó con duros enfrentamientos y al menos cuatro policías y varias personas que apoyaban a los ocupantes con heridas.

Los agentes, que cumplieron una orden judicial y actuaron con la presencia de un fiscal, fueron atacados por dirigentes sociales identificados con la Coordinadora por los Derechos y la Justicia (Codeju) que buscaron impedir el procedimiento y realizaron un corte de ruta.

La medida judicial se cumplió el martes en un predio que está en litigio desde hace dos décadas. En 2017 finalmente la Justicia falló a favor de quien se presentó como la titular del inmueble, pero el proceso de desalojo formal de los ocupantes se concretó casi cuatro años después.

Desde la Policía de Corrientes señalaron que la medida se cumplió con la presencia del fiscal de Instrucción Ricardo López Ruiz y un oficial de Justicia.

Lo que parecía un procedimiento más derivó en una protesta con corte de la ruta por parte de dirigentes sociales del Codeju, que intentaron evitar el desalojo.

Los incidentes ocurrieron pasado el mediodía cuando los manifestantes se negaron a levantar el corte de ruta y el fiscal dispuso la detención de quienes lideraban la protesta, Guillermo Galantini, su hijo y otras dos personas.

Cuatro policías resultaron heridos: uno sufrió rotura de ligamentos en una rodilla y otro una seria herida en la oreja al recibir un golpe con un trozo de madera en llamas. Todos recibieron atención médica en el hospital de Monte Caseros.

Entre los manifestantes de Codeju también hubo varias personas que resultaron también lesionadas producto de los bastonazos policiales. La familia Galantini señaló que el dirigente “fue arrestado por la Policía, brutalmente golpeado, herido en la cabeza, la panza, la cara y llevado detenido”, y que lo mantuvieron “incomunicado por más de 24 horas”.

“Todo este procedimiento ilegal y de abuso de la fuerza policial atenta contra los derechos humanos de forma directa, poniendo en juego la vida de Guillermo y ocultado su estado de salud”, agregaron los familiares.

En el lugar hubo corridas y los agentes de la seccional segunda y de la Policía Rural actuaron con brutalidad para concretar las detenciones y frenar a las personas que intentaron salir en apoyo de los dirigentes detenidos. El procedimiento fue registrado en video por los manifestantes, que tildaron de “asesinos” a los agentes.

El fiscal imputó a los detenidos los delitos de “atentado y resistencia a la autoridad, lesiones graves e incitación a la violencia” y dispuso la liberación de dos de ellos por cuestiones de salud. 

Qué dijo la Policía

El jefe de la Policía de Corrientes, Félix Barboza, defendió el procedimiento de los agentes al señalar que “el fiscal estaba presente cuando ocurrieron los incidentes, presenció todos los hechos en vivo y en directo”, dando por hecho que, para él, no hubo excesos.

Por su parte, López Ruiz explicó que llegó a Paso Vallejos cerca de las 10 de la mañana para “evitar que se cometa un delito al desobedecer una orden judicial. Esto le transmití a las personas que estaban siendo desalojadas”, explicó.

Sobre los incidentes, dijo que a los manifestantes que cortaban la ruta “en tres ocasiones se les pidió de muy buena manera que liberen el tránsito, pero alrededor de las 14.30, cuando casi concluía el procedimiento (de desalojo), empezaron a ingresar al terreno y a su vez volvieron a encender fogatas sobre la ruta. Con esos troncos encendidos fueron agredidos agentes de la Policía en un tumulto de no sé si eran 20 o más personas. Hubo corridas, agresiones”, admitió.

No obstante, dejó en claro que el accionar de la fuerza “fue a manera de contención”.

Por su parte, Marina Cusinato, la abogada de la familia desalojada, contó que “la causa se inició en el año 2001 con un juicio de prescripción, que es un juicio donde uno acredita 20 años de posesión de un inmueble y en el devenir de esa causa se inició otra por parte de quien dice ser la propietaria e inicia una reivindicación. En el 2017 salió una sentencia rechazando la prescripción y se habilita el desalojo”, explicó.

Cusinato, que tomó el caso después de la sentencia de primera instancia, reconoció que las apelaciones y un planteo de nulidad fueron rechazados por la Justicia. “Después se hizo una presentación de protección a la minoridad solicitando que se proteja a los chicos que vivían ahí pero también fue rechazada”, sostuvo la abogada.

EMJ

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