Tras la presión de la Cámara, investigarán llamadas de Ginés González García y otros ex funcionarios por el vacunatorio VIP

Luego de la orden de la Cámara Federal -que revocó el archivo parcial de la investigación por el Vacunatorio VIP-, la jueza María Eugenia Capuchetti reactivó la investigación con una serie de medidas que aún, pese a haber transcurrido veinte días, el Ministerio de Salud no respondió. Este lunes además, ordenó un entrecruzamiento de llamados…

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Luego de la orden de la Cámara Federal -que revocó el archivo parcial de la investigación por el Vacunatorio VIP-, la jueza María Eugenia Capuchetti reactivó la investigación con una serie de medidas que aún, pese a haber transcurrido veinte días, el Ministerio de Salud no respondió. Este lunes además, ordenó un entrecruzamiento de llamados telefónicos que involucran al ex ministro de Salud, Ginés González García y otros ex funcionarios.

Como el fiscal Eduardo Taiano pidió un análisis de las comunicaciones de Carla Vizzoti, la jueza le solicitó que fundamente bien el motivo ya que no está imputada en el expediente. O que en tal caso, evalúe si será parte del caso como investigada.

La causa inquieta al Gobierno, que atravesó una de sus peores semanas de crisis institucional. Durante todo el proceso, desde la Casa Rosada se buscó reducir el tema a una mera picardía: “adelantarse el lugar en la fila”, fue la explicación del presidente Alberto Fernández. Pese a ello, el escándalo le costó el cargo a Ginés González García. Ahora, por una apelación de la PIA que dirige Sergio Rodríguez, la Justicia investiga la posible comisión de un delito penal.

El juzgado aún aguarda que el área de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Salud entregue el informe pedido hace veinte días cuando el caso se reabrió, en el que se debía detallar la cantidad de dosis que recibió -especialmente entre el 29 de diciembre de 2020 y febrero de este año- cómo se decidió la guarda de las dosis, bajo qué protocolos y de qué modo se decidió su distribución.

La cartera que dirige Carla Vizzoti (cuyos padres están bajo investigación en el caso), también debía entregar a la Justicia un detalle de la conformación de las áreas que estaban a cargo de los ex funcionarios Marcelo Guille, Mauricio Monsalvo, Martín Sabignoso y Arnaldo Medina. Todos ellos se encuentran imputados, al igual que el ex ministro Ginés González García.

Este lunes, la jueza María Eugenia Capuchetti impulsó nuevas medidas para avanzar con la investigación y ordenó que se realice un entrecruzamiento de llamados telefónicos que involucran a Ginés González García  y a los ex funcionarios que estaban debajo de él, todos ellos imputados en el expediente. 

Apenas notificada de la resolución de la Cámara que revertía sus sobreseimientos y ordenaba investigar también a los vacunados, Capuchetti delegó la investigación en el fiscal Eduardo Taiano, que le requirió este entrecruzamiento de llamados telefónicos que había sido requerido en su ocasión, por la PIA también.

La discusión ética

La resolución de la Sala I de la Cámara ordenó pidió que se investigue la posible discrecionalidad en la aplicación de un conjunto de vacunas. “¿Por qué ellos, y no otros de entre los millones de ciudadanos del país en igual condiciones, fueron los beneficiarios de esa vacunación simultánea?”, consideraron los jueces.

Para los camaristas, “el mero juzgamiento ético es superado por otro, propio de este ámbito penal. Ese examen, cercenado de modo anticipado, es el que corresponde efectuar encarando un análisis que sea completo e integral”.

Estas indicaciones deberán ser tenidas en cuenta al momento de “describir el objeto del proceso”, ya que según fuentes judiciales el mismo podría ampliarse, es decir, sumarse más delitos o personas imputadas. Pero también, indicó la Cámara, debe tenerse en cuenta “a los sujetos pasivamente legitimados -es decir las personas vacunadas- pues, como señaló la PIA, es posible leer allí una eventual participación que reclama ser despejada”.

Sobre este punto, señalaron a Clarín fuentes del caso, “habrá que analizar qué posible delito como partícipes cometieron las personas que recibieron la vacuna”. Respecto de ellos, la Cámara señaló que “se desconoce en qué carácter fueron vacunados, si esa cualidad fue real o asignada al sólo efecto de burlar los requisitos del sistema de vacunación implementado y, en este caso, si esa ficción fue así declarada por el beneficiario o por quien tenía la labor de carga de los datos oficiales”.

Una vez realizado ese recorrido, en el que la Cámara pidió que se clarifiquen de “forma completa los diversos hechos, cada uno en su propia dimensión y al mismo tiempo todos integrados bajo una mirada común, es que se estará en condiciones de poder definirlos jurídicamente”.

Será recién en ese momento, entendieron los jueces, que “corresponderá a la jueza conciliar, a la luz de todo el orden normativo, la tipicidad o no de las diversas conductas investigadas -las de unos disponiendo de las vacunas, las de otros recibiendo sus beneficios- en la medida en que hayan estado por fuera del amparo legal”. En consecuencia “hasta entonces, cualquier evaluación será apresurada y, por tanto, imperfecta”.

Si bien el titular de la PIA había un pedido de entrecruzamiento de llamados telefónicos de funcionarios y personas vacunadas, el juzgado aún no impulsará esa medida.

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