“Animosidad”: la respuesta de Vicentin por un millonario embargo

Luego de que ayer la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia, Chaco, confirmara un embargo superior a $111 millones contra bienes y exdirectivos de la cerealera Vicentin en una causa iniciada tras una denuncia de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) por el supuesto uso de facturas apócrifas de proveedores de granos, la empresa…

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Luego de que ayer la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia, Chaco, confirmara un embargo superior a $111 millones contra bienes y exdirectivos de la cerealera Vicentin en una causa iniciada tras una denuncia de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) por el supuesto uso de facturas apócrifas de proveedores de granos, la empresa respondió en un comunicado que “se trata de una medida cautelar que será recurrida”. Señaló que es “objeto” de “un recurrente  y sistemático proceder político y judicial”.

“La compañía desea informar que se trata de una medida cautelar que será recurrida en la instancia judicial correspondiente y que entendemos, carece de fundamentos y contiene una evidente intencionalidad y animosidad contra la empresa”, indicó la cerealera que tiene una deuda concursal superior a los $122.000 millones.

“De ninguna manera Vicentin SAIC ha declarado o interactuado con proveedores que no estuvieran debidamente acreditados por la AFIP, que es la autoridad competente, si alguno de los miles de proveedores que se vinculan con la compañía en algún momento incurrieron en algún incumplimiento con la autoridad, es precisamente responsabilidad de la misma su identificación y penalización”, indicó.

Fuentes oficiales habían señalado que una fiscalización de AFIP “constató irregularidades en las empresas y personas humanas que emitían las facturas utilizadas por Vicentin para solicitar reintegros por una suma que asciende hasta los 111,6 millones de pesos entre 2016 y 2019. El organismo pudo determinar, entre otros elementos, que las sociedades utilizadas no poseían plantas de acopio de granos, no tenían capacidad económica ni financiera y no podían justificar el origen de la mercadería”.

En este contexto, Vicentin señaló que “de las declaraciones preliminares en el proceso judicial que se sustancia actualmente, ya se han registrado contundentes declaraciones de algunos de los propios funcionarios del organismo regulador que no han podido determinar la comisión de delito alguno por parte de la compañía ni tampoco determinar la motivación o beneficio aparente para que la empresa tuviera responsabilidad en la irregularidad que se le intenta atribuir”.

Para la compañía, el presunto monto evadido “representa menos del 0,1 % de las operaciones registradas y declaradas por la empresa durante el período de referencia”.

La empresa, que recibió el interés de la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), de Molinos Agro y de Viterra Argentina para una eventual compra de hasta el 90%, señaló que es víctima de un “proceder político y judicial”.

“Una vez más queda a la vista que la empresa sigue siendo objeto de un recurrente  y sistemático proceder político y judicial que busca afectar las posibilidades de recuperación de la compañía y que en nada contribuye a los genuinos esfuerzos y avances que la misma ha venido realizando en pos de reestructurar su deuda y alcanzar los acuerdos necesarios con sus acreedores”, indicó.

LA NACION

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