Robo de vacunas: liberan a dos imputados y el listado de clientes VIP sigue sin aparecer

A casi dos meses del escándalo y de que Fiscalía de Estado afirmara que el caso estaba “prácticamente esclarecido”, la jueza María Pía Danielsen dispuso la liberación de dos de los cuatro acusados por la sustracción de más de 800 vacunas de un depósito del Ministerio de Salud. Mientras tanto, no hubo ningún avance respecto…

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A casi dos meses del escándalo y de que Fiscalía de Estado afirmara que el caso estaba “prácticamente esclarecido”, la jueza María Pía Danielsen dispuso la liberación de dos de los cuatro acusados por la sustracción de más de 800 vacunas de un depósito del Ministerio de Salud. Mientras tanto, no hubo ningún avance respecto a la identificación de las personas que pagaron entre $20.000 y $30.000 por dosis.

La investigación por el robo de más de ochocientas dosis de diferentes vacunas ocurrido a mediados de abril, continúa empantanada y enfocada únicamente en un grupo de enfermeros y empleados de baja jerarquía del Ministerio de salud provincial.

La causa parece haberse centrado en el enfermero Dante Díaz, su pareja María Angélica Coronel, Omar Edgardo Véliz y Fermín Ernesto Medina, los acusados de sustraer las vacunas, pero nada se dice de quienes las compraron, sabiendo que se trataba de un delito y de que eran dosis robadas.

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La fiscal del caso, Érika Leguizamón, imputó a los cuatro por el supuesto delito de “hurto agravado y adulteración de sustancias medicinales” en perjuicio del Estado provincial y requirió la prisión preventiva para todos ellos, entendiendo que existían peligros procesales.

Sin embargo, la jueza Danielsen solo hizo lugar al pedido respecto de Díaz y Coronel, que permanecerán tras las rejas, y ordenó la inmediata excarcelación de los otros dos imputados, que de todos modos continuarán ligados a la investigación.

La duda más importante, más allá los implicados en la sustracción, es la identidad de las personas que, tras abonar importantes sumas de dinero, recibieron las dosis en el vacunatorio Vip. Al respecto no hay novedades.

Se trataría de “clientes” de alto poder adquisitivo que podrían o no tener vinculaciones políticas con el poder de turno, pero que, con seguridad, deberían contar una ancha espalda económica en la provincia con los sueldos más bajos del país, para poder abonar cifras de hasta $30.000 por aplicación.

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